La justicia colombiana le asestó un duro golpe patrimonial a Álex Saab. Un juzgado civil de Barranquilla ordenó congelar casi mil quinientos millones de pesos vinculados al empresario barranquillero, como lo reveló la Revista Semana. La medida forma parte de un proceso por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito que viene adelantándose contra él y varias empresas que estuvieron bajo su control.

El embargo alcanza principalmente recursos asociados a la empresa Jacadi de Colombia S.A., dedicada formalmente a la importación y exportación de textiles, cuyos representantes principales eran Saab y su exesposa Cyntia Eugenia Ceratin Ospina. Pero la orden judicial también toca otras firmas, como Shatex S.A., mencionada en diversas investigaciones por las mismas sospechas. El despacho ordenó bloquear dineros en cuentas corrientes, de ahorro y otros productos financieros, además de revisar certificados de depósito a término, cuentas del Banco Mundo Mujer y movimientos en la plataforma Nequi. Los recursos congelados serán depositados en el Banco Agrario de Colombia a disposición de la Oficina de Ejecuciones Civiles.

El fallo responde a la necesidad de garantizar una eventual reparación por los daños económicos que, según los demandantes, habrían sido ocasionados por las actuaciones financieras y contables de las empresas vinculadas a Saab y su exesposa. Esta decisión representa uno de los movimientos judiciales más importantes en Colombia contra el patrimonio del empresario.

La situación de Saab se ha vuelto cada vez más complicada. Hace años fue considerado uno de los hombres de confianza del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, ocupando posiciones estratégicas en la estructura estatal. Pero todo cambió radicalmente tras investigaciones de autoridades internacionales. Ahora enfrenta nuevos cargos en Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas a contratos millonarios que habría obtenido en Venezuela.

Los fiscales estadounidenses lo acusan de participar en una conspiración relacionada con el programa CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), el mecanismo que usa el gobierno venezolano para distribuir alimentos subsidiados. Según los documentos judiciales, Saab y otros involucrados habrían presentado documentación falsa para hacer pasar mercancías como importaciones de Colombia y México. También lo señalan por haber pagado sobornos a funcionarios venezolanos para obtener contratos de suministro de alimentos. Estas conductas habrían ocurrido entre 2015 y 2019, años en que el programa CLAP enfrentó múltiples cuestionamientos por sobrecostos, baja calidad de productos e irregularidades en las contrataciones.

Mientras avanza todo esto, la política también le ha jugado en contra. Aunque durante años contó con el respaldo del gobierno venezolano, diversas fuentes indican que se ha distanciado de sectores del poder en Caracas tras cambios recientes en la administración. Ahora Saab está contra las cuerdas: además de las acusaciones en Estados Unidos, debe responder por procesos judiciales abiertos en Colombia, y esta orden de congelamiento de fondos podría impactar otros litigios que continúan en curso.