Algo no anda bien cuando un juez de Bogotá decide examinar una tutela que acusa a dos futbolistas de "traición a la patria" por un video manipulado con inteligencia artificial. Así sucedió en el Juzgado Tercero de Pequeñas Causas de Suba, que admitió una demanda relacionada con contenido que circuló en redes y fue vinculado a la campaña "Firmos por la Patria" del abogado Abelardo De La Espriella.

La tutela es sagrada en nuestro sistema. Desde 1991, este mecanismo constitucional ha sido el escudo de los colombianos para defender sus derechos fundamentales cuando otros caminos fallan. Precisamente por eso, usarla requiere criterios serios y fundamentos reales. Pero cuando termina empleándose para dirimir polémicas que pertenecen más al debate político o a las redes sociales, la justicia corre un riesgo enorme: perder la confianza de quienes necesitan que funcione de verdad.

Lo más preocupante es que ni siquiera hay claridad sobre los hechos. En el video ni aparecía James Rodríguez. La grabación mostró a Daniel Muñoz junto a Luis Díaz celebrando un gol de la Selección Colombia. Un video falso. Una interpretación política de un momento deportivo. Y con eso alguien logró que un despacho judicial gastara tiempo y recursos.

Mientras tanto, miles de colombianos aguardan en los consultorios por una cita de salud que nunca llega, ancianos desvelados por pensiones que no les pagan, familias destrozadas por violencia intrafamiliar que nadie detiene, y ciudadanos que ven cómo la corrupción destroza sus instituciones. Esos expedientes están represados en los despachos judiciales. Esos son los problemas que duelen.

Los jueces necesitan independencia para hacer su trabajo sin presiones. Eso es intocable. Pero esa independencia también viene con responsabilidad: cada decisión impacta la imagen de toda la Rama Judicial y la confianza que los colombianos depositan en el Estado de Derecho. Cuando una actuación genera preguntas legítimas sobre si hay fundamento jurídico real, los organismos competentes tienen el deber de preguntarse si se actuó dentro de la razonabilidad que exige el cargo.

No se trata de perseguir a nadie. Se trata de enfoque. De prioridades. La justicia colombiana tiene que estar concentrada en resolver los problemas que de verdad destruyen el país. Porque el día que los ciudadanos dejen de creer que sus jueces entienden lo que realmente duele, es el día en que el sistema pierde credibilidad para siempre. Y eso es un lujo que Colombia no puede darse.