El Gobierno de Gustavo Petro ha insistido en que la película sobre el almirante José Prudencio Padilla cuenta con respaldo legal. Desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones argumentan que el rodaje está amparado en la Ley 2334 de 2023, una norma aprobada por el Congreso. Sin embargo, juristas han salido a cuestionar esta justificación, señalando que existe una diferencia importante entre lo que la ley autoriza y lo que el Gobierno está haciendo.

Según supo EL COLOMBIANO, el presupuesto total del proyecto asciende a 15 mil millones de pesos. De ese monto, el Ministerio de Tecnologías aportaría 8 mil millones, mientras que productoras privadas contribuirían con 7 mil millones. Se trata de la primera coproducción de este nivel entre recursos públicos y privados en el país. Desde MinTic han defendido la inversión diciendo que busca "reconocer a las comunidades afrodescendientes, indígenas y raizales, y honrar póstumamente al Almirante José Prudencio Padilla". A pesar de eso, la crítica ha venido desde varios flancos: desde sectores de oposición que cuestionan gastar esos recursos en medio de una crisis en el sistema de salud, hasta quienes objetan la contratación del actor Cuba Gooding Jr., quien además de su Óscar enfrenta alrededor de 30 denuncias por presunto acoso sexual.

El problema legal radica en el alcance de la Ley 2334 de 2023. Esta norma fue diseñada como un acto conmemorativo mediante el cual el Estado rinde homenaje al marino que fue protagonista en las campañas navales de la independencia. La ley otorga el ascenso póstumo de Padilla al grado de Gran Almirante de la Nación en reconocimiento a su liderazgo en la Batalla Naval del Lago de Maracaibo. Además, busca resaltar la participación de distintos grupos étnicos en la lucha independentista, promoviendo el reconocimiento de comunidades afrodescendientes, indígenas, palenqueras, raizales y del pueblo Rrom. La norma también establece que cada 2 de octubre se realicen actos conmemorativos y actividades institucionales para mantener viva la memoria histórica.

Lo crucial es que la ley no menciona explícitamente la realización de una película ni el financiamiento de producciones audiovisuales. Juristas han hecho esta distinción: mientras la norma sí autoriza celebraciones y conmemoraciones, no está claro que autorice la inversión de dineros públicos en un largometraje de estas características.

Desde MinTic han intentado despejar dudas argumentando que no es la primera vez que el Gobierno invierte en producciones de alto nivel. Han listado proyectos anteriores como Kids Choice Awards, Palabra de Ladrón, El Libertador, Cosiaca, La Vorágine y Sin Límites. Con esto buscan respaldar su decisión como parte de una política de inversión en industria creativa que ha existido desde 2014. Sin embargo, los críticos siguen insistiendo en que existe un vacío legal en los argumentos del Ejecutivo para justificar esta coproducción con dineros públicos.