A días de la segunda vuelta presidencial, un grupo de exmagistrados y docentes universitarios sacó a la luz un pronunciamiento contra la nacionalidad estadounidense del candidato Abelardo de la Espriella. El documento sostiene que su ciudadanía norteamericana "plantea obstáculos jurídicos, éticos y políticos para quien quiera ser presidente de Colombia". Lo curioso es que este cuestionamiento aparece ahora, cuando el hecho de que De la Espriella tenga pasaporte estadounidense es conocido públicamente desde antes de que lanzara su candidatura presidencial. La carta también llega justo después de que cortes han prohibido que use la camiseta de la Selección Colombia en su campaña, así como su lema "Firmes por la Patria" y el nombre de su movimiento "Defensores de la Patria".

Los firmantes enfatizan el peso jurídico del juramento que realiza quien se convierte en ciudadano estadounidense. En ese acto, la persona promete "Renuncio absoluta y enteramente y abjuro de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera, de quien o de los que hasta ahora he sido súbdito y ciudadano; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales". Los juristas argumentan que esto implica que De la Espriella ha renunciado "en forma absoluta a toda lealtad y fidelidad hacia Colombia". De la Espriella también posee ciudadanía italiana, pero el documento hace énfasis específicamente en la estadounidense.

Pero aquí viene lo importante: aunque el documento señala estos problemas, sus propios redactores reconocen que no existe una "inhabilidad" legal para que De la Espriella sea presidente, sino una "incompatibilidad". Esa distinción es decisiva. El analista Héctor Riveros explicó en Blu Radio que "las inhabilidades son las que impiden la elección o viciarían la nulidad de la elección". Todos los juristas de la carta, según Riveros, aceptan que no hay una causal de inhabilidad, lo que significa que "De la Espriella sí puede ser elegido".

La Constitución Política de 1991 respalda esta lectura. El artículo 197 prohibe elegir presidente a quien incurra en ciertas inhabilidades, incluyendo "quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento". De la Espriella nació en Bogotá y fue criado en Córdoba, por lo que está exceptuado de esa prohibición. Como señala Riveros, aunque es razonable preocuparse por un posible conflicto de interés cuando estén en juego los intereses de Estados Unidos y Colombia simultáneamente, "los redactores de la carta quisieron darle una consecuencia que es dar a entender que no debería poder ser elegido presidente, y esa consecuencia no la tiene".

El verdadero problema, según los analistas, podría surgir durante el ejercicio de la presidencia. Riveros ejemplificó: si ambos países decidieran modificar su Tratado de Libre Comercio, De la Espriella sería nacional de ambas naciones "y habría jurado preferir frente a todas las cosas lealtad a los Estados Unidos". Ese escenario hipotético es donde residirían los conflictos de interés potenciales, no en una prohibición constitucional clara.

Sobre los firmantes del documento, vale notar que varios tienen vínculos contractuales con el Estado. Leopoldo Múnera, cercano al presidente Gustavo Petro, aparece en la lista como profesor pensionado de la Universidad Nacional. La ex magistrada Stella Conto Díaz del Castillo ha recibido contratos por cerca de 429 millones de pesos en entidades como el Ministerio de Transporte durante 2023 y 2026. Otros como Liliana Estupiñán Achury y Ramiro Pazos Guerrero también figuran con contratos estatales en el gobierno actual, lo que algunos ven como un dato relevante para evaluar la neutralidad del pronunciamiento.

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