Las juntas de acción comunal nacieron en Colombia hace más de seis décadas con un propósito claro: que la gente organizada pudiera resolver sus propias necesidades. Fue en 1958, durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo, cuando se crearon formalmente mediante la ley 19, impulsadas por el sociólogo Orlando Fals Borda y el padre Camilo Torres. La primera experiencia documentada sucedió en la vereda Saucío, en Chocontá, Cundinamarca, donde una comunidad se unió para construir una escuela con trabajo colectivo. Hoy, estas organizaciones están regidas por la ley 2166 de 2021 y representan uno de los pilares más importantes de participación democrática en los territorios.

En la actualidad existen aproximadamente 63 mil organizaciones comunales registradas en todo el país. Cada una funciona con una estructura clara: presidente, vicepresidente, tesorero, fiscal, vocales y miembros en comités especializados. Lo importante es que todos tienen derecho a participar y votar en las decisiones, lo que ha permitido que surjan nuevos liderazgos y se fortalezca el trabajo colaborativo. El Ministerio del Interior ha modernizado la normatividad con el objetivo de que estas juntas tengan herramientas más fuertes para impulsar desarrollo humano sostenible, reconociendo especialmente el papel de jóvenes y mujeres en la toma de decisiones.

El liderazgo comunitario es lo que realmente diferencia una JAC fuerte de una débil. Los presidentes y miembros actúan como defensores ante las alcaldías, asegurando que las necesidades de la gente sean escuchadas: infraestructura, educación, salud, seguridad. Aunque estas organizaciones funcionan sin ánimo de lucro, su impacto es medible en cada barrio y vereda. Planean y gestionan obras, crean espacios de sana convivencia, y generan iniciativas que mejoran la calidad de vida de las familias.

Este domingo, a partir de los 14 años, cada ciudadano tiene el deber de ir a votar. La colaboración entre las juntas y las alcaldías es fundamental para avanzar en los territorios, pero eso solo es posible si la ciudadanía participa activamente. En este proceso electoral se ha visto especial entusiasmo: líderes comunitarios han presentado propuestas ambiciosas, comprometidos con fortalecer el sentido de pertenencia y el bienestar colectivo. La participación en estas elecciones es más que un trámite; es una oportunidad concreta para que la gente defienda sus derechos y construya el futuro que sus comunidades necesitan.