La Fiscalía General de la Nación presentó cargos formales contra el empresario Julio Gerlein y los abogados Teodoro Antonio Deyongh y Diego Luis Muñetón. Los acusa de soborno en actuación penal y falso testimonio, todo en conexión con supuestos intentos de ofrecerle dinero a la excongresista Aida Merlano para influir en sus declaraciones judiciales sobre el escándalo de compra de votos que conmocionó la costa Caribe.

Durante la audiencia ante un juez de la República, la Fiscalía detalló cómo habría funcionado la estructura del presunto delito. Gerlein habría actuado como quien determinó el soborno, Deyongh como autor directo del mismo delito, y Muñetón como quien determinó el falso testimonio y coautor del soborno. Todo esto, de acuerdo con la investigación, mientras Merlano permanecía recluida en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá enfrentando procesos judiciales y rindiendo declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia.

La acusación sostiene que el abogado Diego Muñetón visitó el centro penitenciario en tres ocasiones. En una de ellas, el 28 de septiembre de 2018, supuestamente se presentó ante Merlano como emisario del entonces senador Alejandro Char y le entregó una carta. Según la Fiscalía, en esa reunión le habría ofrecido 500 millones de pesos para cubrir gastos médicos del tratamiento de su hijo menor y honorarios de abogados, "a cambio de guardar silencio o modificar sus declaraciones". Una segunda visita se registró el 9 de agosto de 2019, momentos antes de que Merlano rindiera declaración jurada ante la Corte Suprema en la investigación contra Arturo Char.

Por su parte, el abogado Teodoro Deyongh realizó dos visitas al penal. La Fiscalía señala que su objetivo era ofrecerle dinero a la excongresista para que no mencionara a la familia Gerlein en sus testimonios ante los juzgados.

Ahora el caso avanza hacia la etapa de juicio, donde un juez decidirá si las pruebas son suficientes para condenar a los acusados. La Fiscalía sostiene que todo apunta a una estrategia coordinada para interferir en las actuaciones judiciales del caso de corrupción electoral que afectó la región Caribe.