En la tarde del 26 de marzo se llevó a cabo una audiencia crucial en la investigación por presunta falsificación de títulos universitarios. Juliana Guerrero, exasesora del Ministerio del Interior, se sentó en el banquillo para escuchar los cargos que la Fiscalía formuló en su contra. La exfuncionaria dejó clara su posición desde el principio: no aceptó ninguna de las acusaciones.

La Fiscalía la acusa de fraude procesal porque, según su investigación, Guerrero habría presentado documentos académicos falsos para cumplir los requisitos necesarios y aspirar al cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad. Los títulos en cuestión son los de contadora pública y tecnóloga en gestión contable, ambos expedidos por la Fundación Universitaria San José. En la misma audiencia, Luis Carlos Gutiérrez, quien fue secretario general de esa institución, fue imputado por falsedad ideológica en documento público.

Lo que la Fiscalía alega es que Guerrero cargó estos títulos en Sigep, la plataforma donde reposan las hojas de vida de los servidores públicos administrada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Los documentos, junto con sus respectivas actas de grado fechadas el 1 de julio de 2025, fueron presentados como auténticos, pero la investigación sugiere que no cumplen con los requisitos académicos ni legales requeridos. Luego, la exfuncionaria habría presentado estos soportes ante el Ministerio de la Igualdad en el proceso de nombramiento.

Durante la diligencia, la fiscal a cargo del caso fue enfática al señalar que Guerrero tenía pleno conocimiento de lo que hacía. "Sabía de lo fraudulento de los medios que estaba utilizando", indicó la acusadora, sosteniendo que la exfuncionaria anexó voluntariamente estos documentos para cumplir con los requisitos del cargo. La Fiscalía considera que esto constituyó un intento de inducir en error a los funcionarios encargados del proceso de selección.

Respecto a Gutiérrez, la acusación señala que en su rol de secretario general firmó resoluciones certificando que Guerrero cumplía con los requisitos para obtener los títulos, cuando según la investigación esto no era cierto. El ente investigador también presentó elementos que sugieren que Guerrero presuntamente nunca asistió a clases ni presentó evaluaciones académicas en la institución, lo que reforzaría la hipótesis de que los títulos fueron obtenidos de manera irregular.

Pese a todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, tanto Guerrero como Gutiérrez negaron categóricamente su responsabilidad en los hechos. Con esta imputación formal, el proceso avanza hacia nuevas etapas judiciales donde se determinará si procede una acusación formal y, eventualmente, un juicio. La Fiscalía reiteró que cuenta con elementos materiales probatorios suficientes para respaldar sus acusaciones y que los documentos habrían sido utilizados con conocimiento de su presunta falsedad.