La desaparición selectiva de Juliana Guerrero vuelve a poner en evidencia las grietas en un caso que toca al Gobierno nacional. Hace dos semanas, la Fiscalía tenía lista una audiencia de imputación en su contra, pero ella simplemente no se presentó. El juez tuvo que aplazarla para el viernes 27 de febrero, fecha que tampoco cumplió. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que ese mismo período en el que evadió a los fiscales, Guerrero sí encontró tiempo para asistir a la reunión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar donde se elegía rector. La audiencia quedó reprogramada para hoy martes 10 de marzo. ¿Volverá a no presentarse?

Guerrero está señalada de haber obtenido de forma irregular los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable, documentos que utilizó para respaldar su candidatura como viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad. Los investigadores encontraron que, según la fiscal delegada Deicy Jaramillo Rivera, "La investigación estableció que Guerrero no asistió a sus clases ni presentó las pruebas Saber Pro, al menos hasta donde se acreditó durante el proceso". A pesar de no cumplir estos requisitos fundamentales, en los registros oficiales aparecería como graduada. Los títulos fueron publicados en el sistema de empleo público en agosto de 2025, pero habrían sido expedidos el primero de julio sin los requisitos legales necesarios. La Fiscalía tiene previsto imputarle cargos por fraude procesal y falsedad en documento público.

La reaparición de Guerrero en el Consejo Superior ha reavivado las críticas, especialmente de Jennifer Pedraza, senadora electa que ha sido una de sus voces más críticas. Pedraza denunció que pese a los cuestionamientos y la audiencia de hoy, Guerrero sigue siendo la delegada del Gobierno en esa universidad. En un mensaje en X, Pedraza señaló que "aún así Juliana sigue siendo la delegada de Gustavo Petro en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar para hacerle favores a Ape Cuello". La senadora calificó la situación como "impresentable" e "un insulto a la educación pública y a la juventud". También lanzó una crítica más amplia al Gobierno al afirmar que "entre más corruptos, más los amarran en sus cargos".

Lo que genera inquietud entre observadores es precisamente ese patrón de conducta: ausencia cuando se trata de responder ante la justicia, pero presencia activa en sus funciones públicas. Guerrero continúa ejerciendo como delegada a pesar de que la investigación pone en duda la legalidad misma de su vinculación al Gobierno. El caso expone cómo alguien investigado por falsificar credenciales académicas puede seguir tomando decisiones en instituciones educativas públicas mientras evade compromisos legales. Hoy sabremos si Guerrero finalmente enfrenta a la Fiscalía o si nuevamente elige la ausencia.