Por segundo aplazamiento consecutivo, la audiencia de imputación contra Juliana Guerrero no se realizó este martes. Horas antes de la diligencia, que debía llevarse a cabo ante un juez de control de garantías, ella envió una carta solicitando reprogramación argumentando que aún no había conseguido un abogado de confianza. El juzgado aceptó el aplazamiento y deberá fijar nueva fecha.

La investigada enfrenta acusaciones de fraude procesal y falsedad en documento público por la presunta obtención irregular de títulos académicos. En la primera citación también se ausentó, pidiendo defensor público. Esta vez ya contaba con uno asignado, pero solicitó tiempo adicional para contratar uno de su confianza, según explican fuentes cercanas al proceso.

Lo que llamó la atención es que, aunque no compareció a la audiencia judicial, Guerrero sí asistió a una reunión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar para elegir nuevo rector, donde tiene representación del Gobierno. Este dato ha generado crítica sobre la coherencia de sus argumentos.

La Fiscalía decidió no solicitar medida de aseguramiento en esta oportunidad, considerando que en el momento no se cumplen los presupuestos para justificarla. Argumentó que Guerrero no ocupa actualmente cargo en la administración pública ni hay elementos que demuestren que esté obstruyendo la investigación.

Sin embargo, juristas consultados por El Colombiano advierten que las ausencias reiteradas podrían cambiar el panorama. El abogado Sebastián Rondón señala que "con lo que ocurrió hoy se configura un riesgo constitucional de no comparecencia, porque se le ha hecho el quite al proceso". Advierte que la Fiscalía podría volver a evaluar medidas de aseguramiento, siendo lo más probable una restricción para salir del país.

Rondón también menciona la figura legal de contumacia, que permite avanzar en el proceso penal sin la presencia del acusado. "Ya se le ha citado en dos ocasiones y ha mostrado una rebeldía para acudir al proceso", explica. Esta figura se aplica cuando alguien ha sido citado formalmente de manera reiterada y no comparece sin justificación suficiente. El jurista advierte que mantener las ausencias podría escalar la situación: "En este momento lo máximo que daría sería una prohibición de salir del país. Pero si se insiste en no comparecer, eso incluso podría terminar en una medida de aseguramiento intramural".

Mientras tanto, el juzgado deberá fijar una nueva fecha para la audiencia en la que la Fiscalía buscará imputar formalmente los cargos. El caso genera debate sobre las implicaciones legales de las ausencias reiteradas y qué tan lejos pueden llegar las consecuencias para la investigada si continúa sin presentarse.