El contraste resulta difícil de ignorar. Mientras en los despachos judiciales avanzan procesos contra Juliana Guerrero, la funcionaria cercana al círculo presidencial de Gustavo Petro fue vista el pasado fin de semana bailando y disfrutando en el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar. Todo esto ocurre en medio de un grave escándalo que la tiene en el ojo público después de intentar asumir el cargo de Viceministerio de Juventud con un título académico que no cumplía con los requisitos legales.

La Fiscalía General de la Nación ya le imputó un expediente que incluye delitos como falsedad en documento público, fraude procesal, cohecho, falsificación ideológica y corrupción. Estos cargos están relacionados con la presunta obtención irregular como Contadora Pública a través de la Fundación Universitaria San José, sin cumplir los requisitos de ley ni haber presentado las pruebas Saber Pro que exige la regulación académica.

Lo que genera más inquietud entre ciudadanos es el nivel de libertad y protección estatal que Guerrero mantiene a pesar de sus problemas judiciales. Según lo reportado, la mujer se pasea por el país blindada por un esquema de seguridad desproporcionado, similar al de candidatos presidenciales bajo amenaza. Simultáneamente, continúa siendo miembro del consejo superior de una universidad importante de la Costa.

Para muchos observadores, la escena resume una realidad incómoda: mientras la justicia intenta avanzar en sus investigaciones, los implicados aparentemente disfrutan de libertades que otros ciudadanos no tienen. La pregunta que ronda en redes sociales es cómo es posible que una persona imputada por engañar al Estado con requisitos falsos mantenga un nivel de protección estatal tan elevado.