Por segunda ocasión, Juliana Guerrero logró diferir la audiencia en la que la Fiscalía planeaba formalizar cargos en su contra por la presunta falsificación de su diploma de la Universidad San José. Esta vez argumentó no haber conseguido un abogado que le inspire confianza y esté dispuesto a asumir su defensa penal. La diligencia estaba fijada para el 10 de marzo de 2026 a las nueve de la mañana, momento en el cual se pretendía imputarle delitos de fraude procesal y falsedad en documento público. Horas antes, Guerrero envió una carta a la Fiscalía pidiendo la reprogramación.

En su comunicación, explicó que la repercusión pública y nacional del caso le ha impedido contratar un defensor. "Dada la connotación pública y nacional de los hechos por los cuales he sido citada en calidad de indiciada, me ha resultado materialmente imposible concretar oportunamente la contratación de un abogado de mi confianza que pueda asumir de manera adecuada mi defensa técnica en esta etapa inicial del proceso penal", escribió a la fiscal. Guerrero solicitó expresamente que no le designaran un defensor público, sino que le concedieran tiempo para contratar un profesional de su elección. "Manifiesto respetuosamente que no requiero la designación de un defensor público por parte de la Defensoría del Pueblo, sino que solicito muy respetuosamente que se me conceda un término razonable que me permita contratar un abogado idóneo, garantizando así una defensa efectiva dentro del proceso penal", señaló.

La investigación en su contra surge porque presuntamente obtuvo de forma irregular los títulos académicos con los que buscaba acceder al cargo de viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad. Lo que causa mayor interrogante es que durante la diligencia, la fiscal delegada informó que desistía de solicitar medidas de aseguramiento, es decir, que no pedía cárcel ni detención domiciliaria para Guerrero. "Como le había advertido antes de la instalación, mediante el oficio dirigido al Juzgado 25 con función de control de garantías, desistí de la solicitud de medida de aseguramiento al considerar que no se cumplían los presupuestos procesales a la fecha para solicitarla", explicó la representante de la Fiscalía.

Lo llamativo del aplazamiento es que mientras Guerrero solicitaba la reprogramación, un día antes había participado activamente en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar relacionada con la elección de nuevo rector. Esta es ya la segunda vez que la investigada no comparece a una audiencia de imputación, situación que mantiene en pausa el inicio formal del proceso penal en su contra. El juzgado deberá fijar una nueva fecha para la diligencia donde finalmente se formalicen los cargos presuntamente relacionados con la obtención irregular de sus títulos académicos.