En una decisión que beneficia al reguetonero paisa Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, una jueza de Medellín le negó la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía. En el tercer día de las audiencias donde se discutía si debería ir a la cárcel de manera preventiva, la administración de justicia concluyó que las pruebas presentadas por el ente investigador simplemente no tienen el respaldo legal que se requiere para restringir su libertad.

La decisión, emitida por la Jueza 11 Penal Municipal con funciones de control de garantías, también favorece a su representante y mánager Santiago Jaramillo Morán, alias Dímelo Jara, así como a Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda. Los cuatro enfrentan una acusación de secuestro extorsivo agravado, un delito grave que la Fiscalía consideraba suficientemente grave como para mantenerlos encarcelados mientras avanza el proceso. Sin embargo, la jueza rechazó de manera contundente esa tipificación.

El caso se remonta a junio de 2022, cuando Andrés Felipe Sánchez, conocido imitador de Ozuna en el programa televisivo Yo Me Llamo, fue llamado a un estudio de grabación en El Poblado, Medellín. Según su denuncia, allí sufrió intimidación y agresión física, y fue obligado bajo amenazas a firmar documentos para que dejara de presentarse comercialmente otro imitador llamado Yefferson Sánchez, quien se ganaba la vida imitando a Blessd. La Fiscalía afirmó en las audiencias que lo retuvieron durante tres horas e incluso presentó llamadas amenazantes que atribuyó al reguetonero.

No obstante, cuando la jueza analizó los testimonios y reconstruyó lo que sucedió ese día, llegó a una conclusión distinta: la Fiscalía se apresuró en sus acusaciones. Su razonamiento se basó en tres puntos clave. Primero, señaló que las pruebas no permiten concluir que la víctima fue privada ilegalmente de su libertad. Segundo, destacó que durante toda la reunión en el estudio, Sánchez tuvo la capacidad de comunicarse con la Policía Nacional para pedir ayuda, algo incompatible con un secuestro tradicional. Tercero, al no cumplirse los requisitos legales, ordenó que los cuatro acusados continúen en el proceso pero en total libertad, ya que ninguno aceptó los cargos.

La batalla judicial no termina aquí. Tanto la delegada de la Fiscalía General como el abogado de la parte civil, Sebastián Gutiérrez, presentaron inmediatamente recursos de apelación contra el fallo. La defensa de la víctima argumentó que la jueza interpretó erróneamente la figura del secuestro y sostuvo que la llamada a la Fuerza Pública se hizo después de que los acusados ya lo habían liberado.