Juez sanciona a funcionarios de la UNP por no proteger a activista en riesgo de Medellín
Tres altos funcionarios de la Unidad Nacional de Protección fueron sancionados económicamente por incumplir una orden judicial que mandaba proteger a un activista social amenazado en Medellín. El fallo administrativo determinó que la entidad no adoptó las medidas de seguridad necesarias pese a tener plazos para hacerlo, limitándose a trámites sin resultados concretos. El juez también remitió el caso a organismos de control para investigaciones disciplinarias y penales.
Un juez administrativo de Medellín tomó una decisión que toca un tema sensible en el país: la protección de líderes sociales. Sancionó a tres funcionarios de alto nivel de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por no cumplir una orden judicial que buscaba resguardar a un activista que estaba en condición de riesgo y había sufrido múltiples ataques contra su vida, incluyendo amenazas y actos de violencia.
El incumplimiento ocurrió después de que en marzo de 2026 un juez emitiera una tutela ordenando a la UNP que realizara un análisis de riesgo e implementara medidas concretas de protección. Lo que sucedió después fue que la entidad no ejecutó lo ordenado de manera efectiva, manteniéndose en trámites administrativos que no llegaban a resultados prácticos que pusieran a salvo al ciudadano afectado.
Los tres funcionarios sancionados tendrán que pagar una multa equivalente a un salario mínimo mensual vigente. El juez fue claro en sus argumentos: aunque la UNP pidió más tiempo argumentando que el caso estaba en fase avanzada de evaluación técnica, eso no justifica incumplir una orden de tutela que toca derechos fundamentales como la vida y la integridad personal. Para el despacho, los procedimientos administrativos no pueden estar por encima de garantizar la seguridad de una persona amenazada.
Lo importante es que el juez no fue indulgente solo con la sanción económica. También ordenó remitir copias del caso a organismos de control para que adelanten investigaciones tanto disciplinarias como penales contra los funcionarios. Esto abre la puerta a consecuencias más graves que una multa.
La decisión deja un mensaje claro: los fallos judiciales no son sugerencias que pueden ignorarse. El juez reiteró que la UNP tiene la obligación de cumplir de inmediato con lo ordenado en la tutela, sin dilaciones ni excusas procedimentales. En un país donde los líderes sociales enfrentan amenazas constantes, que una institución creada para protegerlos no cumpla sus órdenes es un problema que trasciende a los tres funcionarios sancionados.
Fuente original: Minuto30
