Apenas 48 horas después de la polémica fiesta que sacudió a la cárcel de Itagüí, el abogado de Sebastián Murillo Echeverri, alias 'Lindolfo', movió ficha en los juzgados. El 10 de marzo de 2026 presentó una solicitud de libertad condicional, insistencia que repitió cuatro días más tarde pidiendo que aceleraran la decisión. Sin embargo, el despacho judicial le cerró la puerta: el 21 de abril negó categóricamente la petición.

No se quedó quieto. El cabecilla apeló la decisión el 27 de abril, pero el 7 de mayo el juez volvió a pronunciarse de manera negativa respecto a la libertad condicional. Eso sí, reconoció 54.8 días de redención de la pena por trabajos dentro del penal, aunque sin acceder a lo que realmente buscaba.

Lo que inquieta a las autoridades civiles es el mecanismo usado para solicitar estas libertades. La concejal Claudia Carrasquilla señaló una contradicción evidente: "Aquí hay una gran contradicción y es el tema de las horas trabajadas. Ellos no pueden trabajar, de acuerdo a la ley, sino 8 horas diarias. Entonces, si tiene que cumplir las 8 horas de trabajo en las maquilas ¿A qué horas, supuestamente, se están sentando en las mesas de diálogo sociojurídico y cuáles son esas horas que les vienen certificando?".

Los defensores de 'Lindolfo' presentan certificaciones del Inpec donde argumentan que ya lleva 3 años participando en diálogos de paz con el Gobierno nacional, tiempo que contabilizarían como labores y descuentos de condena. El problema es que, según la ley, nadie puede trabajar más de 8 horas diarias, lo que hace sospechar que hay inflación en esas certificaciones.

Lo más preocupante, según Carrasquilla, es que podría haber un plan B en movimiento. Advirtió que "se dice que están buscando traslados para otras ciudades donde los jueces de ejecución de penas que no los conocen, que no saben de su prontuario ni sus antecedentes pues entonces, les otorguen esas libertades que están solicitando". Un riesgo que mantiene en alerta a los concejales de Medellín.

'Lindolfo' fue capturado en 2018 y cumple una pena de 18 años por homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Su presencia en la parranda de cárcel volvió a encender las alarmas sobre la necesidad de trasladar a más cabecillas fuera de Itagüí.