Una decisión judicial que ordena retirar la propaganda electoral de la campaña de Abelardo de la Espriella ha encendido las alarmas en el país. No se trata solo de favoritismos o diferencias políticas, sino de algo más profundo: la pregunta de si nuestros juzgados están usando medidas cautelares como herramienta de censura política.

Según señala el columnista Hernán Baquero Bracho en Guajira News, lo preocupante es que la decisión judicial ordena incluso abstenerse del uso de expresiones como "Defensores de la Patria" y "Firmes por la Patria". Eso, dice, podría interpretarse como una limitación excesiva a la libertad de expresión política. Y tiene razón en que estas palabras no son invento de un candidato: forman parte del lenguaje político universal y han sido usadas históricamente por movimientos de distintas tendencias ideológicas.

En una democracia que funcione bien, los jueces deben proteger derechos, pero también actuar con prudencia cuando sus decisiones afectan el debate político. Las campañas presidenciales son espacios donde las ideas compiten libremente y donde corresponde a los ciudadanos, mediante el voto, decidir qué propuestas respaldan. Baquero Bracho lo plantea de manera clara: la patria no pertenece a un partido político, pero tampoco puede prohibirse que los ciudadanos o movimientos políticos la mencionen, la exalten o la invoquen como parte de su discurso democrático.

Lo que genera inquietud es la oportunidad de esta decisión. Adoptar restricciones en plena campaña electoral puede producir consecuencias políticas inmediatas que luego resulten difíciles de revertir, incluso si una decisión posterior modifica o revoca la medida inicial. Mientras no exista una decisión definitiva sobre el fondo del asunto, imponer restricciones tan amplias afecta derechos fundamentales de quienes están siendo investigados.

El columnista advierte que la verdadera amenaza para la democracia no proviene de una bandera o de una consigna patriótica. La amenaza surge cuando se limita indebidamente la circulación de ideas, cuando se restringe el debate abierto o cuando se reduce el espacio de participación política. Las campañas electorales buscan conectar emocionalmente con los ciudadanos: algunos candidatos apelan al cambio, otros a la justicia social, otros a la seguridad y otros al patriotismo. Todos tienen derecho a construir una narrativa que identifique sus propuestas ante el electorado.

Al final, serán millones de colombianos quienes tengan la última palabra mediante el voto libre e informado. En una república democrática, ninguna decisión judicial puede sustituir ese juicio soberano del pueblo. Por eso, muchos consideran que este tipo de decisiones cautelares corren el riesgo de enviar un mensaje equivocado: que determinadas expresiones políticas pueden ser silenciadas antes de que exista una decisión definitiva sobre su legalidad.