Un juez de Montería le dio la razón a Eric José Guerra Pereira y le ordenó a Urrá S.A. que lo reintegre a su cargo. La decisión llegó después de que el abogado ganara una tutela en la que logró demostrar que la empresa violó su derecho fundamental al debido proceso cuando lo despidió sin darle la oportunidad de defenderse.

Los hechos ocurrieron entre finales de mayo y principios de junio. Guerra Pereira fue notificado verbalmente de su salida el 28 de mayo, y una semana después, el 5 de junio, la terminación ya era oficial. Lo que más le molestó al abogado fue la forma como sucedió. Durante una reunión con el presidente de la compañía, aseguró que nunca le dieron argumentos jurídicos o técnicos que justificaran por qué lo estaban sacando. En cambio, según su relato, surgieron referencias a presuntas circunstancias políticas vinculadas con su cercanía a Alejandro Padrón Pardo y al presidente electo, Abelardo de la Espriella.

El Juzgado Primero Municipal de Montería fue claro en su análisis: Urrá S.A. no le permitió al abogado ejercer su derecho de contradicción y defensa, algo fundamental en cualquier decisión que afecte el trabajo de una persona. Por eso, la sentencia suspendió los efectos del despido y ordenó que se restableciera el vínculo laboral mientras se sigue el procedimiento que corresponde.

Pero el asunto no termina ahí. Urrá S.A. impugnó la decisión del juez, lo que retrasó el cumplimiento de la orden. Guerra Pereira, viendo que pasaban los días sin ser reintegrado, decidió promover un incidente de desacato para exigir que finalmente cumplieran con lo que ordenó el juzgado.

El caso ha vuelto a encender las luces sobre lo que otros exdirectivos de Urrá ya habían denunciado: las presuntas injerencias políticas en las decisiones de la empresa. Las acusaciones no son nuevas, pero esta tutela ganada por Guerra Pereira les da un nuevo impulso y pone en evidencia cómo se manejan internamente las decisiones de personal en la hidroeléctrica.