En Riohacha, un juzgado laboral acaba de reconocer lo que muchos en las comunidades indígenas ya saben: cuando el sistema de salud falla, quienes pagan el precio son los más vulnerables. El caso de Claudio Fernández Ipuana, un anciano y autoridad tradicional del pueblo wayuu, ejemplifica esta realidad. El hombre enfrenta un tumor maligno en la laringe que ha comprometido su respiración, una enfermedad que exige atención oncológica urgente y seguimiento constante. Sin embargo, quedó atrapado en un limbo administrativo entre dos EPS (entidades promotoras de salud) indígenas.

Todo comenzó cuando, según lo encontrado por la justicia, el señor Fernández Ipuana fue trasladado de la EPSI DUSAKAWI hacia ANAS WAYUU EPSI sin que existiera prueba alguna de su consentimiento. El formulario de afiliación no tenía firma, huella dactilar ni autorización de él o su familia. Mientras se dirimían esos conflictos burocráticos, el anciano ya había sido sometido a una traqueostomía de urgencia, un procedimiento que demanda continuidad inmediata en la atención médica. La ironía es cruel: justo cuando más lo necesitaba, su acceso al sistema de salud quedó en suspenso.

El Juzgado Primero Laboral del Circuito determinó que los derechos fundamentales a la vida, la salud y la dignidad humana del paciente habían sido vulnerados. La acción de tutela fue impulsada por José Silva Duarte, director de la ONG Nación Wayuu, quien actuó como agente oficioso porque el anciano no podía hacerlo por sí mismo. La sentencia fue clara: ANAS WAYUU EPSI debe desafiliarlo y garantizar temporalmente sus servicios médicos, mientras que DUSAKAWI EPSI debe reafiliarlo de manera inmediata y reportar el cambio ante la ADRES (Administración de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud).

Lo que hace este fallo especialmente importante es que visibiliza un problema estructural que afecta a muchas comunidades indígenas del país. Nación Wayuu lo expresó con claridad: "La vida de nuestros mayores y autoridades ancestrales no puede depender de trámites burocráticos ni de conflictos administrativos entre EPS. La salud y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier interés institucional".

La organización de derechos humanos señaló que este caso refleja cómo territorios históricamente abandonados por el Estado enfrentan barreras enormes para acceder a servicios de salud especializados. Y tiene toda la razón. Mientras en ciudades grandes hay debate sobre calidad en los servicios, en comunidades wayuu la batalla sigue siendo por acceso básico. El fallo es un precedente necesario, pero la pregunta que queda en el aire es si será suficiente para cambiar una realidad que afecta a miles de pacientes indígenas en el país.