Una decisión judicial en La Guajira le abre nuevamente las puertas a Micher Pérez Fuentes para que participe en las elecciones de Fonseca. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Juan del César emitió una medida provisional ordenando a la Registraduría Municipal permitir su candidatura en los comicios atípicos previstos para este domingo 3 de mayo de 2026, pese a que el Consejo Nacional Electoral había revocado su inscripción.

La orden judicial surge de una acción de tutela presentada por Yina Mercedes Solano Pérez, quien arguye que se han vulnerado derechos fundamentales del candidato, especialmente su derecho al debido proceso y sus derechos políticos de elegir y ser elegido. El juez consideró que la situación era lo suficientemente urgente como para actuar de inmediato, teniendo en cuenta que las elecciones se realizarán muy pronto.

Lo que pesó en la decisión del despacho judicial fue un razonamiento bastante lógico: si el CNE revocar la candidatura y Pérez no pudiera participar, el daño sería irreversible. Una vez pasadas las elecciones, no se podrían repetir los comicios únicamente para incluir a un candidato. Además, el juez identificó posibles irregularidades en el trámite que adelantó el CNE, como la presunta falta de resolución de recusaciones, lo que pone en duda el debido proceso que se siguió.

La medida ordenó a la Registraduría de Fonseca mantener vigente la inscripción de Pérez Fuentes mientras el juzgado toma una decisión definitiva sobre el fondo del asunto. También se vinculó al CNE al proceso y se suspendieron temporalmente todas las actuaciones administrativas relacionadas con la revocatoria. La Procuraduría Provincial de San Juan del César quedó encargada de vigilar que se cumpla la orden, y las entidades involucradas deben rendir informes en dos días.

Es importante aclarar que esta decisión es provisional y no define de manera definitiva si la candidatura de Pérez es legal o no. Eso se resolverá cuando el juzgado emita su fallo final en la tutela. Por ahora, lo que busca la medida es garantizar que se ejerzan los derechos políticos del candidato y que se mantenga el equilibrio del proceso electoral en el municipio mientras se resuelve la controversia.