Una decisión judicial pone un freno temporal a los bombardeos en Arauca. El juez que falló a favor de una acción de tutela presentada por el personero del municipio de Puerto Rondón ordenó al Gobierno Nacional suspender estas operaciones mientras ajusta los procedimientos para cuidar mejor a la población civil, en especial a niños, niñas y adolescentes.

La orden judicial es clara: el presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa y el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana tienen exactamente dos meses para hacer una revisión exhaustiva de los protocolos utilizados en los bombardeos. El objetivo es que estos procedimientos se alineen con el Derecho Internacional Humanitario y con lo que ha establecido la Corte Constitucional. Mientras tanto, la Fuerza Aeroespacial debe detener todo bombardeo contra estructuras o grupos armados organizados en Arauca.

Pero la orden judicial va más allá de simplemente parar las operaciones. El juez también exigió que el Gobierno diseñe e implemente una política pública de desvinculación humanitaria especialmente para menores de edad reclutados por organizaciones armadas ilegales. Esta estrategia requiere que la Fuerza Pública trabaje de la mano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para garantizar procesos de recuperación y protección adecuados para esos menores.

Esta decisión judicial llega en medio de un debate nacional cada vez más intenso sobre el uso de bombardeos durante el Gobierno actual. Cifras divulgadas recientemente por Medicina Legal revelan que aproximadamente 65 menores de edad habrían muerto en operaciones militares realizadas en diferentes regiones del país durante este cuatrienio, un dato que ha reabierto la conversación sobre la pertinencia de usar esta estrategia en zonas donde vive población vulnerable.