La justicia le dio un respiro a Sandra Ortiz. Un juez de garantías en Bogotá ordenó su libertad inmediata después de reconocer que el proceso en su contra se ha paralizado más allá de lo permitido por la ley. La exasesora presidencial, investigada por su rol en el escándalo de corrupción que golpeó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, recupera su libertad aunque permanece vinculada al caso.

La defensa de Ortiz demostró que desde que fue acusada formalmente han pasado más de 400 días sin que comience el juicio oral. Ese tiempo perdido constituye una violación clara a los tiempos procesales que establece la ley colombiana. Ante esta realidad, el juez no tuvo opción: debía dejarla libre. No es un perdón ni una exoneración, sino el reconocimiento de que se incumplieron los términos que garantizan un proceso justo.

La Fiscalía General apunta a Ortiz como una pieza central en la red de sobornos que operó dentro de la Ungrd. Según las investigaciones, ella habría actuado como intermediaria para mover 3.000 millones de pesos en coimas dirigidas a congresistas de diferentes partidos políticos. El supuesto propósito era lograr el apoyo legislativo para reformas y proyectos que favorecían los intereses del Gobierno Nacional.

El escándalo de la Ungrd, que salió a la luz en 2023, ha dejado un rastro que toca a funcionarios de alto nivel y a varios parlamentarios. La decisión sobre Sandra Ortiz abre interrogantes sobre cómo continuará este caso que ha marcado el inicio de la administración actual. Por ahora, la Fiscalía no ha anunciado si apelará la decisión del juez.