En plena campaña electoral, un juez de control de garantías anuló la detención de Luis Alfredo Acuña, escolta que trabajaba en el esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture. La decisión judicial también ordenó la devolución inmediata de los $145 millones que le habían sido incautados. Acuña fue capturado el 3 de marzo en las cercanías de Hatonuevo cuando se desplazaba en un vehículo particular donde la Policía encontró el dinero en efectivo.

Su abogado defensor, Iván Cancino, se mostró satisfecho con el fallo. "La presunción de inocencia y el debido proceso no es algo ligero", manifestó tras concluir la audiencia. Sin embargo, esta libertad no cierra el caso. La Fiscalía General presentó de inmediato un recurso de apelación y confirmó que sus equipos especializados en lavado de activos y corrupción continuarán investigando el origen y destino real de esos recursos.

Lo intrigante del caso está en los detalles que rodean el dinero. Según el director general de la Policía, general William Rincón, el efectivo estaba distribuido en siete sobres identificados con nombres de dos municipios y un corregimiento. Esa forma de organizar el dinero sugería, a juicio de las autoridades, un posible vínculo con estructuras dedicadas a delitos electorales. En el mismo vehículo se hallaron además materiales de campaña del candidato al Senado Daniel Restrepo, del Partido Conservador. Dos personas fueron capturadas durante el procedimiento.

El caso generó movimiento en el Congreso. El representante Juan Carlos Losada calificó como "gravísimo" que el secretario de la Cámara estuviera presuntamente involucrado en conductas que podrían constituir delitos contra el sufragio, y exigió explicaciones públicas. El presidente Gustavo Petro, por su parte, aprovechó para reiterar que existe una orden clara a la Policía Nacional para actuar contra quienes compren votos.

"La Policía Nacional tiene orden del Presidente de la República de capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la Fiscalía por delitos contra el sufragio", enfatizó el mandatario. Aunque el escolta recuperó su libertad y su dinero por decisión judicial, la investigación por presunta compra de votos en La Guajira sigue su curso en un momento donde la campaña electoral llega a su recta final.