Miles de mujeres en Colombia despiertan cada día con dolor de cabeza punzante, ardor profundo en la pelvis, inflamación que incapacita las piernas y la espalda, náuseas, mareo y fatiga extrema. Mientras lidian con estos síntomas de endometriosis, la sociedad les sigue pidiendo que trabajen, que cuiden a otros, que estudien y que mantengan sus relaciones. Lo que hace todo más difícil es que alguien decidió ocultarles información sobre una ley que podría transformar su realidad.

Fue precisamente en medio de esa injusticia que nació Asocoen, la Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad. Bajo el liderazgo de Luz Marina Araque, esta organización sin ánimo de lucro pasó años recopilando información valiosa sobre cómo viven estas mujeres. Ese trabajo minucioso fue el cimiento sobre el que se construyó la Ley de Endometriosis, sancionada por el presidente Gustavo Petro en 2023. Finalmente, el Estado reconocía que esta enfermedad merecía medidas concretas y específicas para su atención.

El problema vino después. Hasta ahora, el Ministerio de Salud no ha puesto en marcha ni una sola acción de la ley. Cuando Asocoen envió varios derechos de petición desde febrero de 2026 pidiendo que informaran cómo iba el proceso, la respuesta fue el silencio. Cuando por fin contestaron, según la organización, lo hicieron "de manera insuficiente, tardía y sin contenido sustantivo". Solo entregaron un cronograma sin explicación y sin mostrar disposición a escuchar.

Para Asocoen esto revelaba algo grave: el Ministerio no estaba pensando en incluir a las organizaciones de pacientes en la formulación del plan de acción. "Durante más de 14 años hemos construido información clave sobre la realidad de las pacientes. Excluirnos no es un detalle técnico, es una decisión que debilita la implementación de la ley", dijeron desde la organización.

Sin opción, llevaron el caso ante el juzgado veintiséis de familia de Bogotá. Un juez les dio la razón: el Ministerio no tiene por qué ocultarles información ni dificultarles su participación en el desarrollo de la política pública. El fallo es claro: el Ministerio debe responder de manera completa, clara y bien fundamentada cada una de las solicitudes. Tiene 48 horas después de ser notificado para entregar la información y explicar las razones técnicas, jurídicas y administrativas detrás de sus respuestas.

Pero la batalla está lejos de terminarse. La preocupación de Asocoen crece porque hasta ahora no hay claridad sobre si hay presupuesto para ejecutar el plan final. EL COLOMBIANO preguntó hace meses al Ministerio sobre este tema, pero la respuesta sigue sin llegar. "Esto no se trata de la organización, se trata del derecho que miles de mujeres tienen de saber qué está pasando con la ley", remarcaron desde Asocoen.