Una batalla legal entre una empresa de seguridad privada y la autoridad reguladora estatal ha dejado un fallo que podría cambiar el curso de este conflicto. Atenas Seguridad Privada Ltda. salió a defenderse públicamente después de que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada difundiera información sobre la cancelación de su licencia de funcionamiento. La empresa calificó estas declaraciones de "apresuradas" y "erradas", argumentando que la Supervigilancia vulneró sus derechos al presentar como un hecho definitivo algo que jurídicamente sigue bajo revisión.

El pasado 7 de abril de 2026, el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla falló a favor de Atenas en una acción de tutela. El juez reconoció que la Superintendencia afectó el buen nombre y la honra de la organización al publicar información sin el contexto legal necesario, impactando directamente su estabilidad comercial y reputación. "Se comunicó como un hecho definitivo lo que jurídicamente sigue en discusión, generando una percepción equivocada que ha afectado la operación y la confianza en la empresa", señaló la firma en su pronunciamiento oficial.

Pero hay más. Atenas Seguridad Privada denunció que el proceso administrativo en su contra está lleno de inconsistencias. La empresa señala que se utilizaron datos no verificables y registros sin validez jurídica. Además, asegura que algunos de los señalamientos provinieron de errores técnicos en las propias plataformas de la Superintendencia, conocidas como APO y RENOVA. También cuestiona la proporcionalidad de las sanciones, argumentando que los hallazgos de una visita técnica realizada en junio de 2024 no coinciden con su realidad operativa.

Lo más preocupante para la empresa es que la orden judicial no ha sido acatada. El juez ordenó a la Superintendencia rectificar la información en un plazo de 48 horas, pero según Atenas, hasta ahora esto no ha sucedido. Por eso, la compañía ha anunciado que ejercerá todas las acciones legales necesarias para proteger su integridad institucional.

Mientras tanto, Atenas continúa operando con normalidad, respaldada por sus certificaciones de calidad ISO 9001, ISO 45001 y BASC. La empresa ha reiterado que no existe ninguna sanción en firme que le impida seguir prestando sus servicios de seguridad integral. Este caso evidencia la tensión que puede surgir entre entidades reguladoras y empresas reguladas, especialmente cuando la información se difunde sin considerar el estado legal del proceso.