El juzgado 52 Penal Municipal de Bogotá cerró la puerta a los intentos de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, de obtener una medida de aseguramiento menos rigurosa. El juez consideró que las razones para mantenerlo en prisión preventiva siguen siendo válidas, así que rechazó la petición de su defensa presentada después de que se impusiera la detención el 4 de febrero de este año. El caso involucra cargos de cohecho y concierto para delinquir agravado, derivados de una investigación sobre presunto contrabando que manejaba desde Colombia.

Lo particular de este proceso es que Marín Buitrago participa desde Portugal a través de conexión virtual. Allá permanece mientras tramita una solicitud de asilo político y espera la decisión sobre su posible extradición a Colombia. Los abogados defensores argumentaron durante la audiencia que su cliente ha comparecido a todas las diligencias judiciales desde el exterior, que el proceso ya avanza en etapa de juicio y que ha demostrado disposición para colaborar con la justicia. Por eso pidieron cambiar la prisión preventiva por medidas alternativas menos restricción.

Sin embargo, la Fiscalía y las víctimas acreditadas presentaron argumentos que convencieron al juez. Señalaron que el hecho de que Marín Buitrago haya salido del país y después solicitara asilo político genera un riesgo evidente de que no comparezca a futuras audiencias o que interfiera en el proceso penal. El juez acogió ese planteamiento. En su decisión manifestó: "El mencionado ha sido aprehendido en virtud de una circular roja de Interpol y no en cumplimiento de una orden de captura nacional. De la misma manera, el peligro de no comparecencia persiste". La permanencia fuera del territorio nacional y los elementos que presentó la Fiscalía, en criterio del despacho, demuestran que existe posibilidad de que afecte la actuación penal.

Lo que la Fiscalía investiga es bastante grave. Según el ente acusador, Marín Buitrago habría liderado durante años una organización especializada en meter contrabando al país a través de puertos principales como Cartagena y Buenaventura. La estructura funcionaba entregando dinero a funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para que facilitaran el ingreso de mercancía y esquivaran los controles. Durante las audiencias, la fiscal del caso fue clara: "La Fiscalía advierte, y puede afirmar con probabilidad de verdad, que Diego Marín Buitrago promovió y financió un pacto ilícito entre varias personas con el propósito de coaccionar a oficiales activos de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la DIAN". También explicó que los dineros buscaban que estos servidores públicos se adhirieran a la red criminal: "Dineros a cambio de lograr su adhesión a la red criminal y que sus servidores públicos realizaran los datos contrarios a sus funciones, como emitir controles aduaneros y favorecer el contrabando de la organización". Los sobornos habrían superado los mil millones de pesos.

Como era de esperarse, la defensa no se quedó quieta. El abogado John Villamil Quintero interpuso un recurso de apelación para que una corte de segunda instancia revise la decisión del juez. Sus argumentos siguen siendo los mismos: su cliente ha asistido a todas las actuaciones y está dispuesto a colaborar con la justicia colombiana mientras aguarda el resultado de Portugal sobre su asilo político. El proceso continúa su camino mientras Marín Buitrago permanece bajo custodia en Portugal, en espera de lo que decidan las autoridades portuguesas sobre su extradición.