La decisión de soltar al hombre acusado de agredir a una empleada del Hotel Plaza Mayor 44 en Medellín encendió todas las alarmas entre las autoridades locales. Un juez con funciones de control de garantías optó por concederle libertad condicional con restricciones y medidas de alejamiento, una determinación que generó cuestionamientos inmediatos sobre cómo funciona la justicia en estos casos.

Todo comenzó el 4 de mayo pasado. La trabajadora del hotel fue a la habitación de un huésped para entregarle ropa lavada. El hombre la invitó a mantener relaciones sexuales. Ella se negó. Entonces, el sujeto bajó hasta la recepción del establecimiento y allí la golpeó y pateó sin piedad, hasta que la mujer logró escapar de las agresiones.

La Policía capturó al agresor y lo presentó ante la Fiscalía. Sin embargo, el juez que revisó el caso decidió dejarlo en libertad, una medida que no sentó nada bien en Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez fue directo: aseguró que el señalado representa un riesgo para la sociedad y cuestionó por qué este tipo de casos no termina con una orden de aseguramiento en cárcel.

Más allá del caso específico, Gutiérrez aprovechó para pedir una reforma profunda al sistema judicial colombiano. Su mensaje fue claro: las garantías del proceso deben priorizar la protección de las víctimas y no favorecer a los agresores. Desde la Alcaldía también reiteraron el acompañamiento institucional a la mujer afectada mientras continúan las investigaciones.