El conflicto que viven los vendedores callejeros de Riohacha por usar el espacio público llegó hasta los juzgados, y la decisión de un juez pone en entredicho la forma como actuó la administración distrital. El Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con función de control de garantías revisó lo que pasó con un grupo de comerciantes ambulantes desalojados en la calle 13, frente a la clínica Cedes, y no le gustó lo que encontró.

El juez José Alfonso Deluquez Solano, a través de una Acción de Tutela, llamó la atención al secretario de Gobierno, Leandro Mejía Díaz, por la forma en que se ejecutó el desalojo. El juzgado fue claro: antes de sacar a la gente del espacio público, la administración debe sentarse a hablar con quienes viven de eso, buscar acuerdos y no actuar de sorpresa.

Los vendedores que presentaron la tutela contaron una historia que duele. Yulianys Maileth Durán Martínez, Merced de Jesús Alvarado Uriana y Katia Josefina Gutiérrez Bello, entre otros, dijeron que llevaban cerca de 20 años en ese mismo sitio, con el conocimiento de la alcaldía. Creían que podían seguir ahí, que era su espacio de trabajo legítimo. Pero el 18 de marzo llegó el operativo sin previo aviso, sin orden judicial, sin nada. Se llevaron las chazas, los kioscos, las herramientas. A nadie le importó que eso era lo único que esas familias tenían para comer.

Los comerciantes alegaron que durante la intervención no les permitieron defenderse, no les ofrecieron alternativas de trabajo en otro lado y simplemente los dejaron a la deriva. Pidieron al juez que protegiera sus derechos al trabajo, al mínimo vital y a la dignidad. Y el juzgado escuchó.

Aunque el fallo declaró la carencia actual de objeto por situación sobreviniente, el juez fue más allá de lo legal. Hizo un llamado directo a la alcaldía de Riohacha para que no siga parcheando el problema y diseñe una política pública real para los vendedores informales. Pidió que incluya programas para garantizar el sustento mínimo de estas personas y que abra caminos hacia el empleo formal y proyectos productivos que les permitan ganar dinero de otra manera.

Los vendedores no están solos en esto. La Asociación de Vendedores del Mercado Viejo, liderada por Dioner Meléndez Pana, y el abogado activista Ronald Fabián Gómez García los respaldan. Ellos dijeron que seguirán por todas las vías legales: llevarán el caso a la Defensoría del Pueblo, pedirán vigilancia de los entes de control y, si es necesario, promoverán acciones por desacato si la administración vuelve a actuar así. El mensaje es claro: no se rendirán en la lucha por el derecho al trabajo y la confianza legítima.