El debate sobre qué hacer con los hipopótamos en Colombia acaba de meterse en los juzgados. Un habitante del municipio de Bello decidió interponer una acción de tutela contra el Estado para detener cualquier plan de sacrificio o eutanasia dirigido a esta especie invasora que ha causado tanto revuelo en el país.

Lo interesante es que el juez ya aceptó el recurso legal y le puso una presión considerable al Gobierno Nacional. Otorgó un plazo de apenas 48 horas para que los representantes del Estado entreguen un informe detallado con todas las pruebas técnicas y jurídicas que justifiquen sus acciones. Si no cumplen a tiempo, el juez podría dar por ciertos todos los argumentos de la tutela, lo que pondría al Estado en una situación bastante complicada.

El accionante basa su petición en fallos previos de la Corte Constitucional, argumentando que los hipopótamos no son simplemente "cosas" ni objetos de descarte, sino seres vivos con capacidad de sentir. Por eso exige que se suspenda de inmediato cualquier medida letal y propone en su lugar alternativas científicas y éticas, como programas rigurosos de esterilización y control poblacional que no impliquen matar a los animales.

Este nuevo frente judicial intensifica la polarización que ya existe alrededor del tema. Mientras la presión legal avanza para proteger a la manada, las autoridades ambientales y expertos en la materia siguen advirtiendo sobre los riesgos que representan estos enormes mamíferos para la seguridad de los ciudadanos, especialmente después de los avistamientos nocturnos en la autopista Medellín-Bogotá y el daño que causan a los ecosistemas locales.