La justicia dio un paso adelante para intentar proteger a comunidades indígenas arhuacas que viven bajo el acecho de la violencia armada en Magdalena. El Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta admitió el trámite de una solicitud de medidas cautelares presentada por la Unidad de Restitución de Tierras para resguardar a cuatro asentamientos del corregimiento de Cerro Azul, en Aracataca.

Los pueblos que buscan protección son Seynurwa, Duanawimaku, Serankwa y Jechikin. Todos resultaron afectados por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada que se registraron en marzo de 2025. Según la información presentada, esos combates dejaron civiles heridos e impusieron restricciones severas a la movilidad de los pobladores, además de provocar confinamientos y desplazamientos forzados dentro de estas comunidades.

La solicitud incluye 35 medidas cautelares dirigidas a organismos como la Unidad Nacional de Protección y la Unidad para las Víctimas. El objetivo es que estas entidades evalúen los riesgos que corren los líderes, autoridades y demás miembros de las comunidades arhuacas para poder definir esquemas de protección adecuados a su situación.

El despacho judicial pidió también que entidades nacionales, departamentales y municipales, junto con la Unidad de Restitución de Tierras, proporcionen información complementaria. Con esos datos, el juez podrá establecer cuántas familias fueron afectadas realmente y determinar si es procedente adoptar todas las medidas de protección que se han solicitado. Es un proceso que apenas comienza pero que abre una puerta de esperanza para comunidades que han visto cómo la guerra de grupos armados las deja atrapadas en medio del fuego cruzado.