Después de ser presentados públicamente por el Gobierno Nacional y la Policía como narcotraficantes y lavadores de dinero vinculados al Clan del Golfo, siete personas recuperaron su libertad hace poco al no poder demostrarse en su contra los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Entre ellos se encuentra Ferney de Jesús Cardona Bello, conocido como "Soya", empresario de la región de Urabá con negocios en estaciones de gasolina y comercializadoras agroindustriales, quien era investigado por supuestamente ocultar recursos del cartel por aproximadamente 65 mil millones de pesos.

La captura ocurrió el 24 de febrero de 2024 en San Pelayo, Córdoba, después de que el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, informara que Cardona Bello era "señalado de liderar una organización internacional de narcotráfico y lavado de activos vinculada con el Clan del Golfo, que exportaba hasta 10 toneladas mensuales de cocaína a EE.UU. y Europa". En el operativo también fueron detenidos su esposa Diana Patricia Reyes Narváez, su madre Victar Bello Medrano, su contador Juan Carlos Salazar Giraldo, el comerciante Luis Fernando Molina Bedoya y la representante legal de dos empresas, Luz Marina Arboleda Ramírez.

Lo que llamó la atención fue la inclusión en el caso de María Luisa Botero Villa, una caballista antioqueña e hija de Andrés Botero, quien fungió como exdirector de Coldeportes y expresidente del club Atlético Nacional. La acusaron de actuar como testaferra de la organización, aunque en ese momento se desempeñaba como diseñadora y docente de equitación. La Fiscalía nunca le imputó narcotráfico directo, pero sí la procesó por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, el juicio se derrumbó por errores del lado acusador. Según la sentencia expedida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia el 21 de mayo de 2026, la Fiscalía cometió "un yerro en el descubrimiento probatorio", según palabras del mismo juez, al presentar evidencias que correspondían a otros expedientes. En la audiencia oral presentaron solo un testigo: el intendente de la Policía que lideró la investigación, quien tampoco pudo acreditar que los procesados hubieran cometido los delitos.

El juzgado fue claro en su análisis. Señaló que "se pretendió con aquel testigo probar, por lo menos, qué bienes había adquirido este grupo de personas entre 2010 y 2023, pero esto no fue posible de ninguna de las personas que fueron acusadas". Agregó que "no fue posible acreditar que esos bienes fueran adquiridos con dineros producto del narcotráfico, pero tampoco fue posible probar que tuvieran una procedencia de otras entidades delictivas".

La absolución no significa que estas personas hayan quedado completamente libres de la justicia. Actualmente se adelanta un proceso de extinción de dominio en su contra, por el cual en abril de 2024 la Fiscalía ya les había embargado 32 bienes en Antioquia valorados en 17.500 millones de pesos, incluyendo casas, fincas, locales comerciales, cuentas bancarias y certificados de depósito.