El senador Jota Pe Hernández revelló en entrevista con La FM Fin de Semana que autoridades de la Fiscalía lo citaron para informarle sobre "un plan en marcha por parte de alias Calarcá para atentar contra mi vida". Según relató, la reunión duró tres horas y en ella le comunicaron detalles sobre presuntos coordinadores del supuesto atentado identificados como alias John Mechas, alias Richard y alias Andrey. El congresista sostiene que estas personas habrían contactado a estructuras delincuenciales en Norte de Santander y Antioquia para ejecutar el plan.

Hernández explicó que tras recibir la información ha tenido que modificar sustancialmente su cotidianidad. "Quienes ejecutan el plan son bandas delincuenciales, armadas urbanas", afirmó durante la conversación, refiriéndose específicamente a los Turcos del Norte de Santander y los Camicaces de Antioquia. El senador aseguró que ha cambiado sus rutas y desplazamientos, y que su familia ha sido objeto de seguimiento durante las últimas semanas. Indicó que algunos de los recorridos mencionados por la Fiscalía coinciden con sus movimientos recientes, lo que según él confirma la gravedad de la situación.

El congresista también relató que meses atrás presentó otra denuncia por amenazas directas de un hombre que, según dijo, reconoció los hechos ante las autoridades. Afirmó que entregó pruebas, datos y mensajes relacionados, pero la Fiscalía respondió que aún estaba analizando si archivaba el caso. Sobre los detalles del supuesto plan actual, Hernández aclaró que algunos permanecen bajo reserva por tratarse de una investigación en curso, pero insistió en que se trata de información "completamente veraz".

Un punto que ha generado molestia en el senador es la respuesta que recibió de la Fiscal General. Hernández envió un derecho de petición solicitando una reunión para compartir información adicional que calificó como sensible. La respuesta llegó con una negativa: "La fiscal general me responde que se niega completamente a recibirme". El despacho de la Fiscal General le indicó que debería hablar con un delegado de la entidad, y la secretaria privada le informó por WhatsApp que no había agenda disponible.

Hernández enfatizó que la advertencia proviene de la Fiscalía y no de una denuncia política. "No es una denuncia que esté haciendo un personaje o un político", expresó, destacando que un fiscal fue quien radicó la información dentro de la misma entidad. Según el senador, esto le da mayor gravedad al caso porque significa que las instituciones ya están al tanto de la situación. Afirmó que la Policía, la UNP y las autoridades del Congreso conocen el caso y acompañan las medidas de protección que ha adoptado. "Estamos tomando medidas más profundas", puntualizó el congresista sobre los ajustes en su seguridad.