Entre Medellín y el Gobierno nacional se desató un pulso por el estancado desmonte del parque eólico Jepírachi, ese pionero en generación eólica que lleva más de veinte años operando en territorio wayúu en La Guajira, entre el Cabo de la Vela y Puerto Bolívar. El alcalde Federico Gutiérrez no se quedó callado y cuestionó duramente la lentitud de las entidades gubernamentales para autorizar que Empresas Públicas de Medellín (EPM) desmantelara definitivamente esta infraestructura, cuya vida útil venció en octubre de 2023.

Lo que debería haberse resuelto hace cinco años se ha convertido en un calvario burocrático. Durante una rueda de prensa, Gutiérrez fue claro sobre las causas del atraso: "Las trabas son de temas ambientales, negociaciones con las comunidades y consultas previas. Eso genera más costos a lo largo de los años y las negociaciones que tiene que hacer EPM inclusive para pagarle a las comunidades indígenas para poder desmontar", denunció el alcalde. A dos años y medio del anuncio formal de desmonte, la operación sigue estancada y acumulando pérdidas económicas para la empresa.

La situación tiene un trasfondo que complica aún más las cosas. En julio de 2023, la entonces ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, junto al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, levantaron falsas esperanzas en la comunidad wayúu al anunciar una posible repotenciación del parque. Lo vendieron como parte de un proceso de justicia económica y energética que beneficiaría a la región. Pero los estudios técnicos posteriores de EPM echaron por tierra esas ilusiones: los aerogeneradores no eran recuperables ni podían extender su vida útil como se había prometido a la población.

Mientras tanto, la comunidad wayúu sigue en la incertidumbre. Sus promesas de modernización energética se esfumaron y el proyecto que debería cerrar un capítulo de su historia permanece congelado. EPM continúa acumulando sobrecostos operativos mientras las estructuras se deterioran sin uso. Gutiérrez fue enfático en pedir que el Gobierno nacional agilice los trámites ambientales y de consulta previa sin más dilaciones, para que La Guajira pueda finalmente dejar atrás este asunto. Hasta ahora, las autoridades gubernamentales no han respondido a los reclamos del mandatario.