En un gesto de apertura que contrasta con las críticas recibidas durante la campaña presidencial, la Jurisdicción Especial para la Paz anunció su disposición a dialogar con el equipo del mandatario electo. Desde Medellín, el magistrado Alejandro Ramelli informó que la institución está lista para participar en el proceso de transición y explicar su situación actual, aunque aclaró que hasta ahora no ha recibido contacto oficial del nuevo gobierno.

Durante su intervención, Ramelli dejó clara la intención de la JEP: exponer cómo funciona la jurisdicción, mostrar los avances en justicia transicional y enumerar los retos institucionales que aún enfrenta. "Estamos listos para reunirnos con el equipo que el señor presidente electo designe y, pues, sostener un diálogo técnico sobre los desafíos, los avances, los retos que tiene la jurisdicción", señaló Ramelli.

Pero el presidente de la JEP fue más allá de las generalidades. Enfatizó que la discusión sobre esta institución no se reduce a números presupuestales, sino que toca el corazón del Acuerdo de Paz firmado hace diez años. Recordó que más de once mil firmantes del acuerdo permanecen sometidos al sistema y que la jurisdicción ha permitido avances en el esclarecimiento de hechos del conflicto, acceso de víctimas a verdades judiciales y acciones restaurativas. Con convicción, expresó: "Acá no es un tema únicamente de la jurisdicción, es un tema de todo ese andamiaje institucional que ha permitido que el acuerdo de paz se venga ejecutando en estos 10 años. Entonces hay que mirar el tema del presupuesto, pero yo también insistiría en qué es lo que está de por medio. Y lo que está de por medio es la verdad".

La postura de Ramelli adquiere importancia en el contexto de lo que De la Espriella ha dicho públicamente sobre la JEP. Durante su campaña, el ahora presidente electo fue contundente en sus críticas: "La JEP no es un tribunal judicial. Es un directorio político disfrazado de tribunal. No ha producido absolutamente nada. La JEP, además, no ha producido absolutamente nada, porque no ha habido ni justicia, ni verdad, ni reparación". El presidente electo incluso prometió buscar el cierre de la institución dentro de los marcos constitucionales y legales, argumentando que su costo es demasiado alto para Colombia sin resultados visibles.

Ramelli insistió en que más allá de lo presupuestal, lo que urge es reflexionar sobre los riesgos de debilitar la institucionalidad creada para cumplir el acuerdo de paz. Recordó que la JEP cuenta con garantías constitucionales e internacionales, pero recalcó la importancia de mantener un diálogo con la administración entrante para explicar el estado real de los procesos y los desafíos de la justicia transicional.

El anuncio de la JEP llega mientras crece la expectativa sobre qué hará el nuevo gobierno con las instituciones surgidas del Acuerdo de Paz. De la Espriella tiene previsto reunirse este jueves con magistrados del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, lo que sugiere que la transición traerá conversaciones tensas sobre el futuro de mecanismos clave para la implementación del acuerdo de paz.