JEP señala a 20 ex-FARC como responsables de reclutar menores en el conflicto
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a veinte exguerrilleros de las FARC como máximos responsables del reclutamiento de niños para el conflicto armado. El caso incluye más de 11 mil víctimas, de las cuales casi 9 mil pertenecen a pueblos indígenas y afrocolombianos. Los imputados pueden reconocer su responsabilidad y acceder a procesos restaurativos sin cárcel, o enfrentar condenas de hasta 20 años de prisión.
La JEP determinó este martes que veinte exguerrilleros de las FARC fueron "máximos responsables" del reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado colombiano. Estos ex combatientes hicieron parte de diferentes bloques de la organización y ahora enfrentan un llamado público a reconocer su participación en esos crímenes contra la infancia.
Los imputados vinculados al proceso ejercieron mando o cumplieron roles decisivos en el reclutamiento de menores dentro de los bloques Oriental, Sur, Noroccidental, Caribe, Magdalena Medio y Comando Conjunto Central de las FARC. Esta investigación forma parte del Caso 07 de la JEP, dedicado específicamente al reclutamiento y utilización de niñas y niños en la guerra, que ha documentado 11.052 víctimas en total.
Lo que más preocupa a los magistrados es que las comunidades indígenas y afrocolombianas fueron desproporcionadamente afectadas. De las víctimas identificadas, 9.027 pertenecen a seis pueblos étnico-raciales. "Detrás de cada cifra hay una historia, una vida interrumpida, una infancia arrebatada. Por eso, esta decisión es un llamado a los imputados a reconocer su responsabilidad. Es imperativo y es un deber moral con las víctimas", afirmó Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.
La investigación reveló que el reclutamiento fue mayoritariamente forzado en un 64 por ciento de los casos, mientras que el engaño representó el 22 por ciento y la persuasión el 13 por ciento. Este fenómeno no fue aislado sino sistemático, con un recrudecimiento marcado entre 1996 y 2016.
A partir de ahora, los 20 comparecientes tienen dos caminos. Pueden reconocer su participación en estos delitos y seguir un proceso restaurativo que no conlleva penas de cárcel, o rechazar esa responsabilidad y ser remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación, donde pueden enfrentar condenas de hasta 20 años de prisión. La investigación, que comenzó en 2019, incluyó análisis del daño causado, revisión de necesidades restaurativas de las víctimas y activación de respuestas institucionales y comunitarias.
Fuente original: KienyKe - Portada
