La JEP ha ordenado una medida que va más allá de recordar lo que pasó dentro del Palacio de Justicia hace casi cuarenta años. Ahora busca que la memoria de esa tragedia incluya otros tres lugares de Bogotá donde sobrevivientes fueron trasladados, interrogados, torturados y donde, según investigaciones, desaparecieron personas. Se trata de la Casa del Florero, el Cantón Norte y el Cementerio del Sur, sitios que formaban parte de una secuencia de hechos violentos que continuaron después de la retoma del edificio en noviembre de 1985.

La decisión fue tomada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, respondiendo a una solicitud que Helena Urán Bidegaín presentó en 2023. La JEP explicó que estas medidas fueron definidas con participación de las víctimas y buscan proteger la verdad histórica, evitar que se revictimice simbólicamente a los afectados y avanzar en acciones de dignificación y memoria.

La Casa del Florero fue uno de los lugares donde llegaron personas que lograron salir del Palacio con vida durante la retoma. Allí, de acuerdo con informes y reconstrucciones del caso, varios sobrevivientes fueron retenidos, interrogados y separados bajo control de la fuerza pública. Por eso, la JEP ordenó consolidar permanentemente la sala "6 y 7 de noviembre de 1985" e implementar recorridos guiados por los espacios del museo donde ocurrieron los hechos, con participación de las víctimas.

El Cantón Norte quedó vinculado al expediente por los traslados posteriores de algunos sobrevivientes, lugar que ha sido señalado durante años como escenario de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones. La JEP le ordenó al Ministerio de Defensa Nacional instalar una placa conmemorativa, diseñar murales visibles desde el espacio público y crear una cátedra obligatoria sobre derechos humanos y memoria histórica en escuelas de formación militar. La Alcaldía Mayor de Bogotá debe formular un proyecto de resignificación del espacio público en los alrededores del cantón.

El Cementerio del Sur completa el mapa. Su conexión con el caso está en el manejo de cuerpos tras los hechos de 1985 y en las posteriores búsquedas forenses. Ese sector, hoy parte del Parque Zonal Villamayor, fue usado como fosa común en los años ochenta, un punto central en la disputa por la verdad de varias víctimas. La JEP ordenó la instalación de murales de memoria e instalaciones móviles que recuerden ese uso sin interferir con posibles labores de búsqueda humanitaria.

Además, se creará una mesa técnica interinstitucional para diseñar una Ruta de la Memoria que conecte estos tres lugares con el Palacio como eje central. Lo que viene ahora es que entidades nacionales y distritales implementen estas medidas con participación de las víctimas, para que la memoria de lo ocurrido no quede reducida al edificio donde todo comenzó, sino que incluya también los lugares donde sus consecuencias no terminaron.