La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba de reconocer algo que comunidades indígenas y afrodescendientes de Nariño han denunciado durante años: las fumigaciones aéreas con glifosato no fueron simplemente una política antidrogas, sino que operaron como un mecanismo de violencia contra ellas. Esta conclusión, sin precedentes en la historia judicial colombiana, surge de la investigación del Caso 02, que analizó lo ocurrido en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas entre 2001 y 2012, donde la JEP atribuyó responsabilidad a ocho integrantes de la fuerza pública por crímenes contra pueblos étnicos.

Lo más grave es que esto no fue un hecho aislado ni producto de la negligencia, sino un patrón sistemático. "La Sala determinó que la forma en que se implementó la política antidrogas, en particular el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con el herbicida glifosato, desempeñó un papel determinante en la configuración de las violencias analizadas", sostiene el fallo. El tribunal documentó cómo se asperjaban repetidamente las mismas zonas sin seguir protocolos técnicos, afectando indiscriminadamente cultivos de coca y de pancoger, animales, personas y fuentes de agua. "Se desatendieron de forma sistemática miles de denuncias registradas en estos municipios sobre los daños generados por el herbicida", añade el documento.

Las comunidades indígenas Awá y Eperara Siapidaara, junto con el Pueblo Negro Afrocolombiano, quedaron atrapadas en una lógica que las ponía bajo sospecha permanente. Fueron estigmatizadas, sus líderes agredidos y sus territorios sometidos a un control militar que alteró profundamente sus formas de vida. Lo que la JEP identifica es que la lucha antidrogas se articuló con objetivos contrainsurgentes, lo que significó que estos territorios fueran intervenidos sin distinguir entre civiles y actores armados.

Los daños documentados son profundos: deterioro de la salud, muerte de animales, destrucción de plantas medicinales y cultivos de subsistencia, desplazamientos, confinamientos y daño a ecosistemas y lugares sagrados. Pero lo más injusto es que casi nadie fue compensado. De 5.072 denuncias recibidas entre 2002 y 2013, solo 104 recibieron alguna medida de reparación. Además, todo esto ocurrió sin garantizar el derecho a la consulta previa que la Corte Constitucional ya había ordenado desde 2003.

La JEP no sostiene que el glifosato fuera diseñado originalmente como arma contra indígenas, pero sí marca un punto de quiebre al reconocer que en la práctica terminó siendo exactamente eso. Por primera vez una instancia judicial de alto nivel admite que estas fumigaciones tuvieron impactos que cayeron desproporcionadamente sobre quienes fueron tratados como enemigos simplemente por vivir donde vivían.