La Jurisdicción Especial para la Paz cerró definitivamente las puertas al general retirado Mauricio Alfonso Santoyo Velasco del sistema transicional de justicia. El tribunal determinó que el exoficial simplemente no cumplió con lo que prometió hacer cuando ingresó a la JEP y decidió sacarlo porque sus contribuciones a esclarecer la verdad resultaron insuficientes en casos de desapariciones forzadas e involucramiento con estructuras paramilitares.

Santoyo, quien fue jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe y comandó el Gaula de Medellín, había entrado al sistema transicional por su presunta responsabilidad en la desaparición de Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, dos defensores de derechos humanos desaparecidos en Medellín en octubre de 2000. Ambos trabajaban para la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos investigando presuntas desapariciones cometidas por miembros de la fuerza pública. Desde 2001, la Fiscalía tenía indicios de la posible vinculación de Santoyo con esos crímenes.

Lo interesante es que no fue una decisión repentina. La JEP explicó que el exgeneral acumuló una cadena de incumplimientos a lo largo del proceso. Distintas entidades evaluaron lo que Santoyo aportó, incluida la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que "calificó como ineficaz la información suministrada" para avanzar en encontrar a las víctimas. El tribunal le dio varias oportunidades para que ampliara o corrigiera sus versiones, pero sus declaraciones nunca alcanzaron los estándares mínimos que exige el sistema. Como lo dijo la JEP: "Después de esa secuencia se declaró el incumplimiento grave y se dispuso la expulsión. La medida, por tanto, no es abrupta ni desmedida: es la respuesta final frente a una conducta persistente".

Los indicios contra Santoyo incluyen que desde la Policía Metropolitana de Medellín se realizaron interceptaciones ilegales a más de 2.020 líneas telefónicas, entre ellas las de los dos defensores desaparecidos. Según los investigadores, esas intervenciones se ejecutaron mediante órdenes falsas emitidas desde el Gaula Urbano de Medellín, la unidad que Santoyo dirigía. A pesar de esas evidencias, el exoficial continuó ascendiendo dentro de la Policía y eventualmente llegó a formar parte del esquema de seguridad presidencial.

El historial del general también incluye una condena en Estados Unidos. En 2012, Santoyo aceptó cargos ante autoridades estadounidenses por conspirar para entregar apoyo material a las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar. Pasó siete años en prisión y fue deportado a Colombia en abril de 2019. Precisamente, la JEP consideró que esa condena internacional era transversal a los hechos que investigaba y determinó que "la permanencia del compareciente en la JEP no es compatible con la existencia de una sentencia firme por conspirar con las AUC". El tribunal añadió que esa condena "se relaciona con conductas presuntamente cometidas en articulación con grupos paramilitares", lo que hacía incompatible su participación en el sistema de justicia transicional.

Con esta expulsión, Santoyo pierde todos los beneficios y tratamientos especiales que le otorgaba la JEP, cerrándose así una de las historias más cuestionadas del proceso de paz colombiano: la de un militar de alto rango acusado de graves violaciones a derechos humanos que llegó incluso a proteger al expresidente Uribe.