La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) actualizó este martes el número de personas que fueron ejecutadas ilegalmente por miembros de la fuerza pública durante el conflicto armado. El presidente Gustavo Petro informó que la cifra asciende ahora a 7.837 víctimas de lo que se conoce como falsos positivos, es decir, civiles asesinados que fueron presentados posteriormente como combatientes dados de baja en operaciones militares.

Petro fue contundente al caracterizar estos crímenes. En su mensaje señaló que se trata de "el peor crimen contra la humanidad cometido en las Américas en este siglo", refiriéndose específicamente a las muertes que ocurrieron durante los dos mandatos del expresidente Álvaro Uribe, entre 2002 y 2010. Los nuevos datos surgieron de una audiencia celebrada el pasado domingo en Apartadó, Antioquia, donde el magistrado de la JEP Pedro Elías Díaz presentó estadísticas sobre homicidios y desapariciones forzadas ocurridas entre 1990 y 2016 que fueron presentadas falsamente como bajas en combate.

La cifra actual representa un crecimiento significativo. Hace cinco años, en febrero de 2021, la JEP había establecido que al menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. Ahora, con el análisis ampliado a un periodo más largo y con nuevos cruces de información, la cifra se elevó considerablemente.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, aclaró que estos números son provisionales. Explicó que el cambio se debe a que antes el análisis cubría de 2002 a 2008, pero ahora abarca desde 1990 hasta 2016. Además, los investigadores han mejorado la recopilación de datos e incorporado nuevos informes. "Siempre hemos dicho que esa cifra de 6.402 es un universo provisional de hechos, algo que puede cambiar", manifestó Ramelli. El funcionario añadió que aún hacen falta datos de otra sala de la JEP que sigue realizando audiencias donde comparecientes confiesan estos crímenes, por lo que "lo más probable es que incluso esta cifra vaya a aumentar en el futuro".

Los falsos positivos constituyen uno de los capítulos más sombríos del conflicto colombiano. Consistían en ejecuciones de civiles por parte de miembros del Ejército que, para obtener recompensas o beneficios, presentaban a las víctimas como guerrilleros muertos en combate. Las personas asesinadas generalmente eran jóvenes de escasos recursos o con discapacidades, a quienes se engañaba con promesas falsas de empleo antes de ser trasladadas a zonas alejadas de su residencia, donde eran ejecutadas.

La gravedad de estos crímenes ha llevado a condenas en la JEP. En diciembre pasado, el tribunal especializado condenó al coronel retirado Publio Hernán Mejía a veinte años de prisión al encontrarlo responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad por su participación en estos asesinatos. Este proceso de justicia, aunque lento, continúa avanzando a través del sistema creado por el acuerdo de paz de 2016.