La Jurisdicción Especial para la Paz reportó un incremento significativo en el registro de personas asesinadas por agentes del Estado en Colombia. El número de víctimas identificadas subió de 6.402 a 7.837, una actualización que refleja una investigación más rigurosa y un análisis temporal más amplio de estos crímenes de lesa humanidad.

Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, explicó que este nuevo balance obedece a dos cambios fundamentales en la metodología. Primero, el análisis se extendió desde 1990 hasta 2016, cuando anteriormente solo se enfocaba en los años más críticos entre 2002 y 2008. Segundo, el Grupo de Análisis de la Información integró nuevas fuentes documentales: mil informes aportados por víctimas, registros de la Procuraduría, información del Centro Nacional de Memoria Histórica y reportes de la Fiscalía. Este cruce masivo de datos permitió identificar casos que habían quedado fuera del conteo inicial.

Antioquia emerge como la región más golpeada por estas prácticas criminales. Del total de víctimas documentadas, 1.932 casos ocurrieron en este departamento, consolidándose como la zona donde estas ejecuciones fueron más recurrentes. La cifra representa casi una cuarta parte del total nacional.

En el Caso 03, la Sala de Reconocimiento de la JEP avanza en la investigación hacia los mandos militares del periodo 2005-2008. El magistrado Óscar Parra Vera confirmó que se están citando a altos oficiales de operaciones, inteligencia e inspección del Ejército. Entre ellos destacan generales como Mario Montoya, quien finalizará su versión voluntaria en junio. Hasta ahora, de los 21 generales imputados ante la JEP, siete han reconocido su responsabilidad en estos hechos.

La JEP aclaró que la cifra de 7.837 víctimas aún es provisional. Las investigaciones que continúan en los territorios y los aportes que sigan haciendo nuevos comparecientes podrían elevar el número en los próximos meses, mientras la verdad sobre estas prácticas criminales sigue siendo documentada.