La cifra duele: casi 19 mil menores fueron reclutados a la fuerza por las Farc durante 45 años. Así lo reveló la JEP tras cruzar bases de datos oficiales y no oficiales para identificar cada caso, un ejercicio de documentación que buscaba dejar constancia de la magnitud real de lo que pasó. Entre 1971 y 2016, miles de niños y niñas fueron arrancados de sus casas, de sus comunidades, para engrosar las filas de la organización guerrillera.

Lo grave es que detrás de esa cifra hay patrones sistemáticos. La magistrada Lily Rueda, relatora del caso, fue clara al señalar que esto no se trata de hechos aislados, sino de conductas organizadas dentro de la estructura militar de las Farc. Hoy participan en el proceso más de 11.000 víctimas acreditadas. Cerca de 2.000 declaran de manera individual, pero la mayoría, más de 9.000, lo hacen en colectivos, principalmente comunidades indígenas y afrocolombianas que sufrieron de manera diferencial este delito en sus territorios.

El reclutamiento fue solo la punta del iceberg. La investigación también documentó torturas, violencia sexual, esclavitud sexual, abortos forzados y castigos contra quienes tenían orientación sexual diversa. Hay testimonios de niñas obligadas a desfilar ante comandantes antes de ser abusadas, de control reproductivo ejercido sobre menores. Son crímenes de guerra cometidos de forma sistemática, y eso, según la JEP, no es perdonable ni amnistiable bajo ninguna circunstancia del Derecho Internacional Humanitario.

Para que las víctimas pudieran contar sus historias sin revictimización, la JEP usó metodologías especiales con enfoque diferencial y de género. Los relatos recopilados incluyen lo que vivieron antes, durante y después de ser enganchados a la guerrilla. Cada testimonio suma verdad, verdad que es el primer paso para la reparación.

Ahora la institución habilitará espacios de diálogo restaurativo donde víctimas y excombatientes puedan encontrarse. El último secretariado de las Farc ya ha enviado cartas y videos reconociendo su responsabilidad y pidiendo perdón. Si ese reconocimiento es pleno y sincero, la JEP avanzará hacia audiencias formales. Si no, el camino será adversarial.

Lo que está claro es que no hay perdón judicial posible para estos crímenes. Lo que sí contempla el Acuerdo de Paz de 2016 son sanciones restaurativas: restricciones reales de libertad y compromisos concretos de reparación a quienes fueron víctimas. Para miles de menores que vieron robar su infancia, es lo menos que el país puede ofrecer.