La Jurisdicción Especial para la Paz cerró un capítulo importante en su trabajo de esclarecer crímenes del conflicto. La JEP confirmó en segunda instancia la condena contra los exintegrantes del último secretariado de las extintas FARC, manteniendo su responsabilidad por diversos crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos a lo largo del enfrentamiento armado que marcó el país.

La Sección de Apelación del Tribunal para la Paz fue la encargada de revisar la decisión inicial. El tribunal estudió a fondo decenas de observaciones presentadas por víctimas, organizaciones sociales, el Ministerio Público y los propios excomandantes. Tras ese análisis detallado, el alto tribunal reajustó algunos apartados de la sentencia original, confirmó otros y estableció nuevos precedentes que orientarán los procesos que actualmente están en marcha dentro de la JEP.

Entre los siete excomandantes condenados están Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda. La JEP los declaró responsables por delitos que incluyen secuestros, homicidios, desapariciones forzadas y privaciones graves de la libertad, todos cometidos dentro de la estructura de mando de la antigua guerrilla. La sentencia va más allá: cinco de estos excomandantes también fueron declarados responsables por no impedir hechos relacionados con torturas, violencia sexual, desplazamiento forzado y otros tratos que vulneraron gravemente los derechos humanos durante décadas.

Lo que busca la justicia transicional en este caso es ir más allá de la simple punición. La sentencia incorporó 35 medidas restaurativas que harán parte de las sanciones propias del sistema. La JEP señaló que estas actividades deberán estar orientadas a la reparación de las víctimas y guardar relación con los daños ocasionados por los crímenes reconocidos, dentro de un proceso construido sobre la base de la verdad y la responsabilidad de los comparecientes.