Por primera vez en la historia de la Jurisdicción Especial para la Paz, un oficial en retiro del Ejército Nacional fue condenado por los crímenes de falsos positivos que enlutaron a decenas de familias colombianas. La JEP impuso al teniente coronel retirado Germán León Durán una pena de cinco años, nueve meses y un día de prisión por su responsabilidad directa en el asesinato y desaparición forzada de 31 civiles que fueron maquillados como resultados operacionales entre 2005 y 2006.

Los hechos ocurrieron cuando León Durán comandaba el Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez, con operaciones en Casanare y Boyacá. La investigación de la JEP destapó un engranaje criminal bien aceitado: jóvenes campesinos y personas vulnerables eran engañados o falazmente acusados de ser integrantes de grupos armados, asesinados y luego presentados como combatientes neutralizados en combate. Una forma perversa de inflar cifras operacionales a costa de vidas civiles inocentes.

Durante la audiencia pública realizada en Yopal, el exoficial reconoció su responsabilidad sin vueltas. Admitió que las órdenes que emanaban de su mando facilitaron la perpetración de estos crímenes de lesa humanidad. También aceptó haber omitido los controles que debieron frenar las operaciones y reconoció que su unidad militar construyó antecedentes falsos para justificar esas acciones contra las víctimas. La JEP concluyó que una buena parte de los resultados operacionales reportados por esa unidad carecía de toda legitimidad.

Lo importante ahora es que esta condena no es solo encierro. León Durán está obligado a contribuir a la verdad de lo que pasó, a reparar a las familias destrozadas, a garantizar que esto no vuelva a suceder. Deberá participar en las búsquedas de desaparecidos y en actividades de promoción de derechos humanos. Es la justicia transicional que Colombia necesita: reconocimiento, reparación y transformación.