La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP tomó una decisión significativa el pasado 28 de abril al llamar a 20 exintegrantes de las FARC-EP a reconocer su responsabilidad en el reclutamiento y utilización de menores de edad durante el conflicto armado. Se trata de excomandantes que lideraron los bloques Oriental, Sur, Noroccidental, Caribe, Magdalena Medio y el Comando Conjunto Central. La cifra que los acusa es contundente: 18.677 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados de manera forzada por la antigua guerrilla.

Lo que hace significativo este llamado es que la JEP reconoce que este fenómeno no fue un simple exceso de la guerra, sino un patrón macrocriminal sistemático y recurrente. Los exjefes fueron identificados como máximos responsables porque tenían el control absoluto en sus zonas de operación y capacidad para impartir órdenes, tomar decisiones y aplicar castigos que garantizaban la ejecución del reclutamiento infantil en sus territorios.

Entre los citados figuran Fabián Ramírez Cabrera, conocido como 'Fabián Ramírez', comandante del Bloque Sur entre 1993 y 2013; Rodolfo Restrepo Ruiz, alias 'Víctor Tirado', que comandó el Bloque Noroccidental y luego el Oriental; Ángel Alberto García Sánchez, alias 'Hernán Benítez', quien lideró el Bloque Sur en los últimos años de la guerrilla, y otros más cuyas responsabilidades se remontan a décadas atrás. Además de los 20 con roles de comandancia regional, la JEP también llamó a seis comparecientes adicionales con participación determinante en estos crímenes.

Los investigadores encontraron que el reclutamiento fue predominantemente violento. El 64% de los casos se cometió mediante el uso de la fuerza, mientras que el engaño y la persuasión representaron el 22% y el 13% respectivamente. Este patrón se repitió de forma sistemática en prácticamente todo el país, exceptuando San Andrés y Santa Catalina, con especial intensidad entre 1996 y 2016.

El impacto humano sigue siendo visible. Actualmente se buscan 498 menores desaparecidos, aunque se han logrado recuperar y entregar 26 personas, 17 de ellas víctimas directas de reclutamiento. En el Caso 07 participan 11.052 víctimas acreditadas, incluyendo sobrevivientes directos y familias que continúan la búsqueda de sus hijos e hijas.

Quienes nieguen estos crímenes enfrentarán consecuencias legales severas: hasta 20 años de cárcel por los delitos cometidos. En contraste, en marzo de 2026, seis miembros del último Secretariado de las FARC-EP ya reconocieron públicamente estos hechos, aceptaron su responsabilidad e hicieron manifestaciones de perdón. Entre ellos estaban Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Parra, Julián Gallo y Pablo Catatumbo, quienes reafirmaron su compromiso con la ruta restaurativa de la JEP y su disposición a participar en encuentros con las víctimas.