Ocho exmilitares de las unidades del Ejército colombiano que operaban en la región del Pacífico fueron acusados formalmente por la JEP de cometer crímenes contra la humanidad. Los hechos investigados ocurrieron entre 2001 y 2002 en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, zonas donde conviven comunidades indígenas awá, eperara siapidaara, afrocolombianas y campesinas.

Los imputados pertenecían al Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 'General José María Cabal' y al Batallón de Contraguerrilla No. 93 'Ramiro Rueda Mendoza'. Entre ellos figuran Luis Felipe Montoya, quien era comandante; José David Vásquez, jefe de Operaciones; Juan Carlos Dueñas Mejía, comandante de escuadrón; Carlos Alfredo Castro Pinzón, capitán y segundo comandante; Carlos Alberto Gutiérrez González, jefe de inteligencia; José Gregorio Betancourt, coordinador de la red de inteligencia; Alexander Guerrero, comandante de pelotón; y Adolfo Díaz, comandante de compañía.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP concluyó que los crímenes no fueron actos aislados sino que respondieron a tres patrones sistemáticos de violencia. El primero incluyó la estigmatización y eliminación selectiva de líderes sociales, autoridades tradicionales y activistas comunitarios mediante homicidios, amenazas, detenciones arbitrarias y torturas. El segundo corresponde a lo que se conoce como "falsos positivos": asesinatos de civiles presentados como bajas en combate para mostrar resultados operacionales dentro de las unidades. El tercero se relaciona con el control militar del territorio mediante restricciones a la movilidad, desplazamientos forzados y confinamientos que impactaron a más de 16.000 personas.

Los ocho exmilitares tendrán 30 días hábiles para reconocer o rechazar los hechos que les atribuyen. Si aceptan su responsabilidad, los casos seguirán una ruta restaurativa ante el Tribunal para la Paz. En caso contrario, enfrentarán procesos adversariales con posibles condenas de hasta 20 años de prisión.

Esta acusación es la segunda en el macrocaso 02 de la JEP, que investiga graves violaciones a los derechos humanos en esa región del Pacífico. Anteriormente, el tribunal había atribuido responsabilidad a 15 exintegrantes de las FARC por hechos similares. Con este pronunciamiento, la etapa de investigación del caso llega a su fin y el proceso avanza hacia fases de reconocimiento de responsabilidad, juicio y eventual imposición de sanciones.