El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, se presentó ante tres magistrados de la Corte Constitucional para defenderse de acusaciones sobre el manejo de la unidad de pago por capitación (UPC), que es el dinero que el Estado transfiere a las EPS para que atiendan médicamente a los afiliados. Durante la audiencia, el funcionario rechazó tajantemente que haya desfinanciación en el sistema y argumentó que el Gobierno ha invertido recursos históricos en salud, aumentando el presupuesto total en 50 por ciento, llegando a 25 billones de pesos. Además, destacó que el dinero destinado por cada ciudadano creció 28 por ciento, equivalente a 21 billones.

Jaramillo explicó que para 2026 fijaron el aumento de la UPC en 9,03 por ciento para el régimen contributivo y 16,49 por ciento para el subsidiado. Comparando con gobiernos anteriores, aseguró que en la administración Petro el régimen subsidiado creció 24,71 por ciento, muy por encima del 6,3 por ciento que ocurrió durante el Gobierno de Iván Duque. Con estas cifras, el ministro argumentó que "esto nunca se había hecho, no nos pueden decir que estamos marchitando" y consideró que las aseguradoras tienen recursos suficientes para gestionar la salud.

Sin embargo, la defensa del Gobierno no se limitó a números. Jaramillo también cuestionó duramente a los gremios del sector, acusándolos de actuar coordinadamente para presionar incrementos económicos. Apuntó directamente contra la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), asegurando que representan los "mismos intereses" y se benefician de las "puertas giratorias" entre instituciones privadas y ministerios. "No podemos mirar que diferentes actores, supuestamente que parecen diferentes actores, pero son los mismos, se confabulan para venir a pedir el aumento de la UPC", expresó ante el tribunal.

El ministro insistió en que el problema no es insuficiencia de recursos, sino mala administración. Según su perspectiva, las EPS han manejado de manera "ineficiente" la UPC y acumulan deudas enormes con proveedores. Mencionó específicamente que Sanitas adeuda cerca de 1 billón de pesos al gestor farmacéutico Cruz Verde, y cuestionó cómo estos gestores pueden declararse en quiebra mientras "construyen grandes infraestructuras clínicas en ciudades como Pereira". Para Jaramillo, si no se acatan las causas de este desequilibrio, "todo el esfuerzo fiscal estará llegando, como lo dijo el doctor Iván Palacio, a un saco roto".