La polémica por los audios que revelan negociaciones entre el gobierno Petro y el Clan del Golfo ahora salpica directamente a Danilo Rueda. Iván Velásquez, quien fue ministro de Defensa hasta febrero de este año y ahora se desempeña como embajador en Roma, salió a defenderse públicamente argumentando que él no estuvo enterado de los supuestos acuerdos que favorecerían a la organización criminal.

En un comunicado que buscaba marcar una clara distancia con lo dicho por Rueda en esos audios, Velásquez afirmó que el entonces alto comisionado para la Paz "no tuvo ninguna participación ni conocimiento de ese proceso" relacionado con beneficios al Clan del Golfo. El exministro fue tajante al señalar que "no es cierto que hubiera incidido de algún modo en la evaluación ni en la permanencia o exclusión de oficial alguno", refiriéndose a la salida de 35 oficiales de la Fuerza Pública que fue una de las decisiones más controvertidas al inicio del gobierno Petro.

Velásquez trabajó en el Ministerio de Defensa entre agosto de 2022 y febrero de 2025. Según su versión, la depuración de la cúpula militar y policial fue realizada dos semanas antes de asumir el cargo y fue "un procedimiento riguroso que contó con la consulta de fuentes, documentos e investigaciones". Con esto pretendió demostrar que las decisiones no estuvieron sujetas a presiones externas ni a influencias políticas.

Al respecto de los audios comprometedores, Velásquez fue claro en trasladar toda la responsabilidad a Rueda, diciendo que las afirmaciones hechas por él en esas grabaciones "solo lo comprometen a él" y que será el excomisionado quien deba dar las explicaciones que requiera la situación.

El exfuncionario también salió al paso de otra acusación: la de haber negociado con el Clan del Golfo una suspensión de bombardeos. "No es cierto que se hubiera convenido, ni siquiera abordado, el tema de la suspensión de bombardeos", manifestó. Velásquez aclaró que la restricción en bombardeos se aplicó únicamente en situaciones donde se detectara presencia de menores de edad, como parte del principio de precaución y protección de los derechos de los niños.