Iván Cepeda Castro vive el momento más trascendental de su vida política. A los 63 años, tras décadas de lucha por los derechos humanos y actividad en el Congreso, ha logrado avanzar a la segunda vuelta presidencial en una campaña atravesada por la polarización del país. Su nombre ya está en la boleta y ahora debe convencer a los colombianos de que está listo para gobernar.

La historia de Cepeda es inseparable del dolor que ha marcado a Colombia. Nacido en Bogotá el 24 de octubre de 1962, su vida personal quedó atravesada por la violencia política. Su padre, Manuel Cepeda Vargas, era un destacado dirigente de la Unión Patriótica que fue asesinado el 9 de agosto de 1994 en una emboscada en el barrio Mandalay, en Bogotá. Su madre, Yira Castro, militante del Partido Comunista y exconcejal de la capital, falleció en 1981. Estas tragedias no solo marcaron su infancia, sino que dirigieron su brújula política hacia la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas.

Durante su juventud estudió Filosofía en Bulgaria y regresó a Colombia en 1987 para dedicarse a la defensa de los derechos humanos. Fue una de las figuras más visibles del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), desde donde impulsó iniciativas relacionadas con verdad, justicia y reparación. Su paso a la política electoral llegó en 2009, cuando fue elegido a la Cámara de Representantes para el periodo 2010-2014. Desde entonces ha fortalecido un discurso centrado en la memoria histórica y una salida negociada al conflicto. En 2014 dio el salto al Senado por el Polo Democrático Alternativo, corporación desde la cual ha participado activamente en debates sobre paramilitarismo, justicia transicional y derechos de las víctimas. Además, fue uno de los principales defensores del Acuerdo de Paz de 2016 e integró el equipo negociador en los diálogos de La Habana.

Pero la carrera política de Cepeda también ha estado definida por su confrontación con Álvaro Uribe. En 2012, el expresidente lo denunció ante la Corte Suprema acusándolo de manipular testigos. Al mismo tiempo, Cepeda adelantaba denuncias en el Congreso sobre los supuestos vínculos de Uribe con estructuras paramilitares. La Corte decidió investigar a Uribe en lugar de a Cepeda, hallando indicios de una posible manipulación de testigos. Durante años este caso ocupó un lugar central en la agenda política y judicial del país. La condena a 12 años de prisión domiciliaria contra Uribe impulsó la visibilidad nacional de Cepeda. Sin embargo, el 21 de octubre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá revocó esa condena y absolvió al expresidente de todos los cargos, un golpe que podría afectar la narrativa de su campaña.

Ahora, con su llegada a segunda vuelta, Cepeda busca convertir sus banderas históricas en un proyecto de gobierno. Ha denominado su propuesta "el segundo gobierno progresista", en línea con lo que representa Gustavo Petro. Su agenda se concentra en la implementación del Acuerdo de Paz, la defensa de derechos humanos y las reformas sociales. Para sus simpatizantes, representa la continuidad de un proyecto de paz y justicia. Para sus críticos, en cambio, encarna la continuidad de políticas que han generado profundas divisiones en el país.