Iván Cepeda Castro, candidato presidencial del Pacto Histórico, escaló su denuncia a nivel internacional. Presentó una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusando de persecución política en medio de la campaña de 2026. La denuncia fue presentada junto al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, dos organizaciones reconocidas en la defensa de derechos fundamentales.

Según Cepeda, en las últimas semanas se ha desplegado una campaña sistemática buscando vincularlo falsamente con la extinta guerrilla de las Farc y actividades de narcotráfico. El candidato señala directamente al entorno del expresidente Álvaro Uribe Vélez como responsable de estas acciones. La campaña, afirma, incluye vallas publicitarias, mensajes en medios de comunicación y el uso intensivo de redes sociales para amplificar contenidos que describe como falsos o manipulados.

Cepeda también alertó sobre gestiones realizadas por sectores del uribismo ante oficinas federales estadounidenses con el fin de impulsar investigaciones en su contra. Recordó casos anteriores similares que generaron cuestionamientos judicales. Denunció además el uso de fotografías descontextualizadas de su participación en procesos de paz y la intención de revivir un supuesto archivo extraído del computador de Raúl Reyes, exintegrante del secretariado de las Farc. Sobre ese material, la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció señalando irregularidades en su obtención y cadena de custodia.

El candidato también cuestionó una decisión del Consejo Nacional Electoral que lo excluyó de la consulta prevista para el 8 de marzo, calificándola como una maniobra "sucia y tramposa" que afectaría sus derechos políticos. "Han sido puestas a funcionar toda una serie de campañas, mecanismos y métodos abiertamente ilegales y criminales por parte del uribismo para intentar infligir una derrota al Pacto Histórico", expresó Cepeda al anunciar la denuncia internacional.

Con esta acción, Cepeda y las organizaciones que lo acompañan solicitan a la CIDH un monitoreo especial del caso y que requiera al Estado colombiano adelantar investigaciones urgentes con la debida diligencia. También piden medidas de protección que garanticen su vida, integridad personal y el pleno ejercicio de sus derechos políticos durante la campaña presidencial.

La denuncia ocurre en un contexto de alta polarización política y crecientes tensiones entre sectores del oficialismo y la oposición. El caso podría escalar a instancias internacionales si la CIDH decide admitir la solicitud y requiere información formal al Estado colombiano, lo que agregría un nuevo elemento al debate sobre las garantías electorales en el país de cara a los comicios de 2026.