La Knéset, el Parlamento de Israel, aprobó en la madrugada del martes una controvertida ley que faculta a un tribunal especial para aplicar la pena de muerte a palestinos condenados por participar en los ataques del 7 de octubre de 2023. La votación fue casi unánime: 93 legisladores votaron a favor, ninguno en contra, y 27 se abstuvieron o estuvieron ausentes. El respaldo cruzado entre el Gobierno y la oposición refleja la sensibilidad política del tema en Israel tras los ataques de ese día, considerado el más mortífero en la historia reciente del país, cuando milicias gazatíes lideradas por Hamás invadieron comunidades fronterizas y mataron alrededor de 1.200 personas, además de secuestrar a 251 rehenes.

La ley establece un tribunal híbrido de carácter civil-militar para procesar a palestinos detenidos en relación con esos ataques. Las audiencias de apertura, veredictos y sentencias serán filmados y transmitidos públicamente en un sitio web específico. Según la organización Adalah, el centro legal para los derechos de las minorías árabes en Israel, entre 300 y 400 palestinos encarcelados podrían ser juzgados bajo esta legislación. El tribunal podrá aplicar disposiciones del código penal israelí que contemplan pena capital, incluidas leyes sobre genocidio, traición y colaboración con el enemigo en tiempos de guerra.

Sin embargo, organizaciones israelíes de derechos humanos han expresado profundas preocupaciones. Adalah, HaMoked y el Comité Contra la Tortura de Israel advirtieron que "los procedimientos del tribunal militar, tal y como se estipulan en el proyecto de ley, son fundamentalmente incompatibles con el derecho a la vida, la presunción de inocencia, la independencia judicial y el Estado de derecho". Estas organizaciones temen que el procedimiento derive en "juicios espectáculo" alimentados por confesiones presuntamente obtenidas bajo tortura, sacrificando garantías básicas del debido proceso en nombre de la represalia.

Históricamente, la pena de muerte es excepcional en Israel. La última ejecución ocurrió en 1962, cuando Adolf Eichmann, uno de los arquitectos del Holocausto, fue condenado a morir en la horca. Su aplicación ha sido extraordinariamente rara en el sistema legal israelí.

Por su parte, Hamás rechazó categóricamente la legislación. El grupo islamista emitió un comunicado calificando la ley de "ilegítima y racista", argumentando que "viola flagrantemente todas las leyes y convenciones internacionales, especialmente los Convenios de Ginebra y el derecho internacional humanitario". Hamás se refiere a los ataques del 7 de octubre como la "batalla de Al Aqsa" y denunció que la ley representa "una peligrosa escalada y un nuevo crimen".

La medida se suma a legislación anterior: en marzo de 2026, el Parlamento ya había aprobado una ley de pena de muerte obligatoria para palestinos de Cisjordania condenados por asesinato calificado como terrorista ante tribunales militares israelíes. Esta nueva ley representa una ampliación del alcance de esas disposiciones.