Cuando los jefes de banda de la cárcel de Itagüí llaman a Isabel Zuleta "la reina Isabel", no lo hacen de manera amable. Es sarcasmo puro. Desde que la senadora fue designada en la mesa de diálogo del Gobierno con los cabecillas presos, asumió el rol como si fuera la dueña absoluta del proceso. Una fuente cercana al proceso le explicó a EL COLOMBIANO de qué se trataba: "Le dicen así porque los tiene como secuestrados: nadie puede contactarlos sin su permiso. Y con la promesa de que les van a dar beneficios los maneja a su antojo".

Así es como, para bien y para mal, Zuleta ha cargado sobre sus hombros cada logro y cada escándalo de esta negociación. Más que el alto comisionado Otty Patiño y más que el propio presidente Gustavo Petro, ella es quien termina pagando el precio político de cada movimiento. La reciente parranda vallenata que organizaron los cabecillas en la cárcel es apenas el último capítulo de un relato lleno de tropiezos.

Desde junio de 2023, Zuleta mantiene "sentados" a los 23 cabecillas de las estructuras criminales del Valle de Aburrá en lo que llaman un "espacio sociojurídico". El problema es que esta mesa reposa sobre arenas movedizas. La ley 2272 de 2022, que es la base de la "paz total", nunca fue diseñada para bandas criminales. La Corte Constitucional lo dejó claro cuando declaró inexequible el artículo que permitía al Gobierno definir las condiciones de sometimiento. Los ministros de Justicia Néstor Osuna y Eduardo Montealegre intentaron sacar una ley específica en el Congreso, pero nunca llegó. El resultado fue dejar flotando el proceso en un limbo jurídico: promesas sin respaldo legal, negociaciones sin reglas claras, diálogo sin efectos reales.

Para complicar aún más las cosas, la mayoría de los convocados ya estaban condenados y cumpliendo penas en máxima seguridad, lo que hacía técnicamente imposible aplicar cualquier esquema de sometimiento a la justicia. Zuleta entonces comenzó a maniobrar por su cuenta, manteniendo en el proceso a los "herederos" de la antigua Oficina de Envigado, que controlan el 90 por ciento de las 400 bandas que operan en el área metropolitana.

En ese limbo es donde han brotado los escándalos. El primero fue grave: el alcalde Federico Gutiérrez acusó a Zuleta de presionar a las autoridades para frenar un operativo contra allegados del capo "Douglas", argumentando que detenerlos pondría furioso al criminal y dañaría la mesa de paz. Zuleta lo negó, pero cuando finalmente se realizó el operativo el 9 de junio de 2025, la exesposa e hijo de "Douglas" ya lo sabían: el hijo no apareció y la exesposa los esperaba con su abogado. Se incautaron 363 millones de pesos, dólares, vehículos, relojes de lujo y armas. El concejal Andrés Tobón denunció a Zuleta ante la Corte Suprema por abuso de función pública.

Una semana después vino el "tarimazo". El 21 de junio de 2025, nueve cabecillas salieron de la cárcel para subirse a una tarima con el presidente Petro en la plaza de La Alpujarra, el corazón político de Medellín. Fue concebido como un respaldo a Zuleta tras la filtración. La reacción fue enorme y global. César Gaviria lo llamó un "Pacto de La Picota". La Defensora del Pueblo, Iris Marín, dijo que las tarimas no son lugar para criminales. Leoluca Orlando, el alcalde antimafia de Palermo, anunció una pregunta ante la Comisión Europea. La Cámara abrió investigación al presidente. Y Zuleta quedó en el ojo del huracán: fue ella quien firmó la orden de salida sin autorización de un juez. Hoy enfrenta proceso de pérdida de investidura.

Cuando el capo "Carlos Pesebre" renunció a la mesa en febrero hablando de "improvisación", fue una señal de desmoronamiento. Zuleta movió fichas nuevamente. La Fiscalía, a solicitud del Gobierno, firmó la Resolución 0072 levantando órdenes de captura de los 23 cabecillas por seis meses. El alcalde y el gobernador de Antioquia pusieron el grito en el cielo y llevaron el asunto a la embajada de Estados Unidos. La Fiscal entonces se echó atrás en 16 de los 23 levantamientos, admitiendo algo sorprendente: "No me imaginaba que incluyeran condenados", dijo la fiscal Luz Adriana Camargo. El gobernador Rendón respondió que bastaba con "buscar en Google" para comprobarlo.

Mientras tanto, algunos miembros de la mesa revelaron a EL COLOMBIANO algo más perturbador: el Gobierno les pedía apoyo para iniciativas políticas —firmas para la Asamblea Constituyente y votos para sus candidatos— a cambio de mantener los beneficios en la cárcel.

El escándalo final fue la "parranda vallenata" del miércoles 8 de abril. Los cabecillas contrataron a los cantantes Nelson Velásquez y Luis Posada, licor abundante y catering. Costó 500 millones de pesos financiados entre los jefes. Velásquez recibió 100 millones, Posada 50 millones. Unas cien personas asistieron usando la prerrogativa de tres visitantes por vocero cada miércoles. La fiesta comenzó a las nueve de la mañana. La concejal Claudia Carrasquilla, exjefa de Fiscalías, lo denunció con fotos y videos. No era la primera: había otras dos denuncias previas. En la inspección hallaron 80 latas de cerveza, botellas de whisky, aguardiente, tequila, sustancias psicoactivas, módems de internet y cargadores de celular. Las celdas tenían mascotas y remodelaciones no autorizadas.

Tres años de proceso. Una ley hundida. Ninguna estructura desmantelada. Ningún arma entregada. El único piloto contra la extorsión en 45 barrios nunca fue medido oficialmente. Los vecinos reportan que las vacunas simplemente cambiaron de nombre, ahora son "aguinaldos" y "colaboraciones para las fiestas". La reducción de homicidios que atribuyen a la mesa tiene otras explicaciones más poderosas: las propias bandas firmaron un pacto mafioso interno en 2018 para reducir conflictos, mucho antes de que existiera la "paz total". También pesan la inversión social de 20 años en Medellín y el mejor desempeño de la justicia con tecnología, lo que hace menos rentable el crimen para las band