La pugna por la responsabilidad del retraso en el Túnel del Toyo llegó a su punto de quiebre esta semana. El Instituto Nacional de Vías salió al ruedo el pasado viernes 20 de febrero con un comunicado donde dejó clara su posición: el dinero está garantizado, los equipos están aquí, pero no se pueden instalar porque la Gobernación de Antioquia no ha terminado bien las obras civiles.

Según el Invías, se han invertido más de 516 mil millones de pesos en la adquisición de sistemas de ventilación, iluminación, redes contra incendio y sistemas inteligentes de transporte. El contrato de equipos asciende a 496 mil 344 millones de pesos, mientras que la interventoría tiene un valor cercano a 20 mil millones. Todo esto fue presupuestado desde 2021, pero los equipos siguen empacados en Colombia sin poder ser instalados.

El nudo del conflicto, según el Invías, son las deficiencias detectadas en la obra civil. El Consorcio Antioquia al Mar, responsable de la instalación, reportó el 17 de febrero una serie de problemas técnicos que frenan todo. El instituto destacó tres puntos críticos: primero, no existe un cronograma definido para la entrega de las obras civiles en los tramos 1 y 2, lo que hace imposible programar el montaje de los equipos. Segundo, hay filtraciones de agua y problemas de impermeabilización en túneles de evacuación y galerías que violarían el Manual de Túneles Carreteros para Colombia. Tercero, hay trabajos pendientes que aparentemente no fueron incluidos en el contrato de la Gobernación.

El Invías fue tajante al explicar por qué no se pueden instalar los equipos ahora. "El Gobierno nacional no puede, bajo ninguna circunstancia, autorizar instalaciones que comprometan la seguridad futura de los viajeros o que generen un posible detrimento patrimonial", sentenció la entidad. Instalar tecnología de alta precisión en un ambiente con polvo, humedad y vibraciones por obras activas afectaría la calibración y las garantías de fábrica.

Pero la Gobernación de Antioquia cuenta otra historia. Asegura que ella ha avanzado significativamente en el Tramo 1, que incluye el túnel principal, mientras que el Gobierno nacional ha tenido retrasos críticos en el Tramo 2 con las vías de acceso y túneles cortos. Para Antioquia, mantener estos sistemas guardados indefinidamente también es riesgoso porque pone en peligro las garantías y la integridad técnica de la tecnología por falta de uso. El gobernador Andrés Julián Rendón llegó a calificar las acciones del Gobierno Nacional como un "ánimo de fastidiar".

Ahora el Invías tiene previsto hacer una visita técnica el 24 de febrero para evaluar el estado real de la infraestructura. Luego vendrá un comité técnico el 5 de marzo con todos los actores involucrados. Solo así podrán definir cuál será el verdadero camino para desatascar este proyecto que tiene a dos entidades del Estado echándose la culpa mutuamente mientras los colombianos siguen esperando que este túnel funcione.